Urabá

Publicado en: Análisis, Colombia | 0

Las últimas redadas en Urabá, en que empresarios, políticos y líderes de la región han sido detenidos de manera masiva, plantean una pregunta central sobre la justicia en el posconflicto: ¿qué responsabilidad penal les cabe a aquellas comunidades que soportaron con sus comportamientos y sus recursos el control de un grupo armado irregular?

En muchos casos se trató de una situación en que los márgenes de decisión de la sociedad eran nulos. El control de la guerrilla o de los paramilitares era producto del miedo y la fuerza. No había cómo resistir. Era una obligación comportarse de acuerdo con las normas de los grupos armados, pagar periódicamente un impuesto y, en ocasiones, servir en sus ejércitos.

En otros casos, la obediencia pasaba por algún tipo de legitimidad. Ocurría que la población respaldaba al grupo armado porque temía que un grupo rival llegara a la zona y tomara retaliaciones. En medio de la guerra que se libraba en las veredas y pueblos de Colombia, esa era, en muchas circunstancias, la única fuente de seguridad disponible.

En estricto sentido, toda esa gente colaboró y financió a grupos armados ilegales y, si se aplica la ley sin consideraciones, deberían ir a prisión. Sin embargo, el Estado y la sociedad saben que esa es una decisión inviable. No existen suficientes cupos en las prisiones del país. Ocurre, en cambio, que se identifican figuras emblemáticas. Sobre ciertos políticos, empresarios y activistas, algunos verdaderamente comprometidos con proyectos armados de uno y otro bando, cae el peso de la justicia real y simbólica.

El problema viene cuando se baja de ese nivel y se comienza a judicializar a la gente del común. Eso es lo que está sucediendo en Urabá. Luego de tres décadas de guerra, todos los empresarios, desde los más ricos hasta los más pobres, financiaron a guerrillas y paramilitares. Y todos los gobernantes tuvieron, en mayor o menor grado, que negociar con ellos, desde la UP hasta los partidos tradicionales. Pero ahora los sobrevivientes están en una situación de zozobra. Cualquiera puede ir a prisión sin previo aviso.

Lo más grave es que los grandes beneficiarios de la zozobra son las Farc y las ‘bacrim’. Las detenciones masivas si algo destruyen es la frágil institucionalidad política y económica que les pone límites a sus pretensiones de control social. De allí la pregunta: ¿quién está detrás de las purgas de la justicia en Urabá?

Gustavo Duncan

El Tiempo, 10 de septiembre de 2014

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