San Andrés, después del fallo de La Haya

San Andrés es uno de los 32 departamentos que integran la geografía política colombiana. El archipiélago alcanza en total 350,000 km² considerando toda el área marítima, otras islas, islotes y cayos, lo que le ha permitido a Colombia compartir fronteras en el mar Caribe con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana, una ubicación estratégica que no le exime de tensiones fronterizas de vieja data.

La composición social y cultural de San Andrés responde a la mezcla de indígenas centroamericanos, población africana, europea y caribeña, los isleños alternan la vida cotidiana entre el español, el inglés y el creole, este último, fusión de diversas lenguas, empleado principalmente por la población raizal -isleños nativos-. El catolicismo no dominó ese lugar y cuando hizo presencia en la isla, estaban asentadas las costumbres y prácticas de la Iglesia Bautista. Al día de hoy, la proliferación de iglesias cristianas y carismáticas contrasta con la escasez de espacios dedicados al culto católico, sin embargo, destaca en la isla la sana convivencia entre las iglesias y sus fieles.

Los gobiernos nacionales han permanecido históricamente distantes, cuando no ausentes de San Andrés desde que se hiciera la adhesión del archipiélago al territorio colombiano. Allí se habla de la desconexión y la falta de articulación con el resto del país, que no obedece únicamente al mar que los separa del resto de departamentos. Luego del fallo de la Corte de La Haya en el diferendo territorial con Nicaragua tomó fuerza  la iniciativa que busca convocar un referéndum autonómico de San Andrés.

A partir de la segunda mitad del siglo XX ocurrió una alta migración hasta llegar a la sobrepoblación actual. San Andrés es una de las islas más densamente pobladas del mundo, el último censo (2005) estableció que hay 70.554 habitantes en todo el territorio, pero este es nombrado por los lugareños como un “censo mentiroso”, algunas autoridades hablan de unos 90.000 habitantes de los cuales un poco más de la mitad sería población raizal. Desde la década del 90, la economía de la isla transitó hacia el turismo y en la actualidad es este sector junto con el comercio, el que domina un 90% de la actividad productiva de la isla. Al preguntar por la evidente economía informal, Alain Manjarrez, presidente de la Cámara de Comercio de San Andrés enfatizó que se viene trabajando en ese tema para reducir la informalidad. No obstante, llama la atención la proliferación de vehículos, particularmente, motos que prestan servicios de moto-taxis y que han invadido San Andrés. Esta no es una realidad ajena a Colombia, pero dado el tamaño de la isla es realmente impactante la cantidad de motos en ese lugar.

Manjarrez explicó que esto ocurre porque el parque automotor no regula el ingreso de vehículos a la isla. Respecto al intercambio comercial con los países vecinos, Manjarrez señaló que las fronteras no se han explotado debidamente y coincidió en que se debería buscar la forma de lograr mayor integración, no sólo en lo económico, sino aprovechar también que existe la afinidad e interés en temas sociales, culturales y deportivos con los países que comparten fronteras.

Cómo parte de un conflicto histórico, autoridades, raizales y pescadores se refieren a las arbitrariedades, anteriores al fallo de La Haya, cometidas desde el lado nicaragüense hacia los pescadores. El conflicto y la tensión lo crearon ellos, afirman. El territorio total del archipiélago no era ni nicaragüense, ni colombiano. Habitantes del archipiélago y del Golfo de la Mosquitia decidieron adherirse como territorio libre a la Gran Colombia en el siglo XIX, pero Nicaragua empezó a invadir territorio colombiano, ante la inacción del gobierno nacional que cuando se decidió a actuar lo hizo de forma muy laxa, otorgando territorio a ese país a condición de que reconociera que el resto del Archipiélago era colombiano. Hubo acciones de resistencia de la población raizal pero no desde el gobierno nacional, en la que fue, una evidente falta de perspectiva de los diferentes gobernantes. Con el Tratado Esguerra Bárcenas se dividió al archipiélago, sin tener en cuenta a la población local, una decisión tomada desde Bogotá que no tomó consideraciones de los isleños, enfatizó el diputado Arlington Howard.

La gobernadora Aury Guerrero Bowie, quien guarda diferencias con el diputado, coincidió en ese punto al plantear la necesidad de ver más allá de la coyuntura del fallo, ¿qué hicieron los gobiernos locales y los gobiernos nacionales? Nicaragua no tenía costa en el Atlántico, hasta que con el Tratado Esguerra Bárcenas, Colombia le otorgó territorio. La gobernadora admitió que han sido pueblos hermanos y los unen lazos culturales y comerciales, asintió también en que no hubo raizales vinculados al proceso y defensa ante La Haya y eso generó malestar, porque no se tuvo en cuenta a la comunidad. Cuando se recibió el fallo y se comprendió la magnitud de la decisión, “fue devastador para todos, no se podía entender cómo iban a poner límites en todas las direcciones, se cercenó el territorio, enclavando los dos cayos a los que San Andrés no puede acceder salvo atravesando mar nicaragüense”.

Luego del fallo, el presidente Juan Manuel Santos se desplazó a la isla y se puso al frente de la situación, se reunió con las comunidades y se desplegaron acciones encaminadas a mitigar el impacto. La Armada se posicionó en el meridiano 82 para garantizar la seguridad y la soberanía del territorio colombiano. La gobernadora respaldó la postura del presidente Santos en la inaplicabilidad del fallo, y fue más allá al considerar el no acatamiento.

El fallo de La Haya no afectó la economía de la isla, pero si al sector de la pesca que representa el 1% de la actividad productiva. Manjarrez comentó que los otros sectores tienden a dinamizarse cada vez más, las aerolíneas aumentan su apuesta en el departamento y hay un apoyo importante del gobierno nacional, desde los diferentes ministerios y sectores en proyectos que se están ejecutando.

¿Quiénes se vieron afectados con el fallo de La Haya?

Los pescadores industriales se vieron afectados en mayor medida, porque pescaban en esa zona que se perdió y es una zona rica en langosta. Actualmente se está trabajando con ellos en algunos proyectos para buscar la forma apropiada de enfrentar las dificultades que ha supuesto el fallo, comentó el presidente de la Cámara de Comercio, quien además afirmó que cerraron sus puertas las empresas King Crab y Antillana. King Crab cerró definitivamente. Antillana se dedicó a la pesca blanca, antes estaba dedicada a la exportación de langosta, pero hoy se dedica a otra línea. Al visitar esos lugares para corroborar la información se pudo apreciar que King Crab cerró y Antillana tenía unos pocos empleados que dijeron no estar autorizados para referirse al tema. La impresión visual que dejan los lugares  mencionados es de estar en abandono. Manjarrez destacó que otras empresas trasladaron sus embarcaciones a Nicaragua y a Honduras, ahora trabajan con otras banderas. Información que fue confirmada por el diputado Howard y por la gobernadora. Howard agregó que los dueños de las embarcaciones de pesca industrial fueron invitados por el gobierno de Nicaragua para ir a inscribir sus barcos allá sin ningún inconveniente, una opción atractiva frente a la excesiva tramitación que debe hacerse en Colombia y desde Bogotá.

La gobernadora afirmó que había una flota de 24 embarcaciones anterior al fallo de La Haya y ahora quedó reducida a la mitad. Nicaragua les ofreció conexiones más fáciles, se fueron 12 embarcaciones. En Colombia la legislación es más fuerte porque también se busca enfrentar el narcotráfico. En cuanto a las empresas que cerraron, la gobernadora destacó que Antillana procesaba en San Andrés y enviaba a Cartagena, sus actividades cesaron, los volúmenes de pesca no daban los resultados necesarios, es cierto, se perdieron empleos en el sector  de la pesca industrial, pero en cambio, el área del turismo se potenció y aumentó porque a partir del fallo la gente se interesa por saber más de San Andrés. Hay dificultades con las aerolíneas y con la frecuencia de líneas, pero el turismo es alto.

¿Es posible que exista una doble vía entre la comunicación que difunde el gobierno nacional y lo que ocurre en la isla con los pescadores a partir del fallo?

El diputado Howard afirmó que la Armada Colombiana ha estado presente en la zona, es un hecho. Sin embargo, lo que no queda tan claro para él, es el discurso presidencial ¿por qué hay que hacer otro tratado? Si la CIJ reconoció la validez del Tratado Esguerra Bárcenas, ¿por qué debe hacerse una nueva delimitación marítima? Por su parte, la gobernadora afirmó que las relaciones entre pueblos no han cesado, por lo que se pensaría que puede darse un acuerdo, pero el Tratado Esguerra Bárcenas existe, ese fue un acuerdo. La gobernadora considera que hay un mayor acompañamiento del gobierno nacional a partir del fallo, eso no se puede negar, históricamente hubo abandono, pero la situación hizo que el gobierno volcara su mirada a este departamento, más allá del apoyo económico a partir de subsidios, también está el impulso y apoyo en lo educativo, se otorgaron 702 becas de estudios para los isleños, en pregrado y postgrado; también se trabaja en el desarrollo de la industria de la pesca que permita hacer los procesos más eficientes y competitivos tanto en industriales como en artesanales; se trata de avanzar en el desarrollo del pueblo raizal y en la realización de un estatuto de la comunidad raizal, pero hay divisiones y criterios opuestos dentro de esa misma comunidad, no todo es responsabilidad del gobierno nacional, si la comunidad se siente afectada, el proceso se estanca.

Con una mirada más crítica se refirió el diputado Howard al Plan Archipiélago que promueve el gobierno nacional, al tratarse de un equipo conformado desde Bogotá que manejará los recursos y las propuestas, incluso narró que debió darse la pelea para que el alcalde y la gobernadora hicieran parte de ese equipo con voz y con voto. En la actualidad hay una comunicación fluida entre el gobierno local y el gobierno nacional. Frente al fallo, el gobierno nacional tomó  medidas económicas para coadyuvar a la población afectada.

¿Qué viene para San Andrés?

La gobernadora, como primera autoridad del departamento, respondió que todo lo que se haga para evitar la aplicación del fallo será una opción válida, respaldó al gobierno nacional en las medidas tomadas y en cuanto a la posición de los juristas que invitan a acatar el fallo se permitió recordar que ese es un territorio que debe respetarse y cuestionó, ¿qué ocurriría si fuera otro departamento al que le cambian sus límites, se acataría el fallo sin objeción alguna? Al preguntarle a la gobernadora ¿a partir de ese planteamiento no se envía al mundo una mala señal, una señal equivocada sobre Colombia? Su respuesta apuntó, “una mala señal para la política exterior colombiana es ceder ante esta arbitrariedad que puede servir como referente para otros países con ánimo expansionista”.

Para la gente externa a la isla no es tan sencillo entender el valor del territorio, “para nosotros la decisión no fue justa, los juristas pueden decir que se acate, pero nosotros seguimos diciendo que no se puede, que no se debe, que no se debería cercenar a un territorio que libremente se adhirió al país” y admitió que no deja de haber una sensación de incertidumbre frente a las determinaciones que pueda tomar Nicaragua. En caso de realizarse un nuevo tratado tendrán que reconocerse los derechos del pueblo raizal y no marginarlos como ya lo han hecho. “Somos colombianos por libre determinación, pero somos raizales”, hay incertidumbre porque todavía no se ha dicho la última palabra en el proceso. El fallo fue una situación adversa que tomó por sorpresa al gobierno porque no se esperaba eso, se pensó que podían correrse un poco los límites, pero no que se iba a enclavar territorio, no que se iba a dividir. Nicaragua sigue en su intento expansionista, primero trató de avanzar en la búsqueda de petróleo, luego resultó el tema del canal interoceánico, pero ni siquiera con eso se demanda la extensión del territorio en juego. El presidente no dará su brazo a torcer respecto a acatar el fallo tal cual se expidió, reafirmó la gobernadora, quien fue enfática en su respaldo a la posición presidencial.

En la reciente elección presidencial, en San Andrés, se impuso Juan Manuel Santos, no de forma abrumadora, pero le sacó de ventaja a Óscar Iván Zuluaga un poco más de mil votos. Zuluaga había anunciado que de ganar dormiría esa noche en el meridiano 82, dónde hace presencia la Armada, lo que habría añadido todavía más tensión a las relaciones con Nicaragua. Sin embargo, la abstención fue la gran ganadora en primera y en segunda vuelta electoral. Fue demasiado alta. De 45.643 potenciales sufragantes votaron 10.980, lo que equivale a 24,05% para la segunda vuelta y en la primera fue aún más baja la participación, situándose en 18,99% (8.672 votos). El caso del fallo y la necesidad de un nuevo tratado se abordó en el marco de la contienda electoral, sin embargo, no con la intensidad requerida ya que los escándalos de los principales candidatos desplazaron el debate y las propuestas. Frente a este tema todos los candidatos coincidieron en la necesidad de hacer un nuevo tratado, es decir, todos asumieron, al menos de momento, la inaplicabilidad del fallo tal y como se dio en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

 

Por Clara Riveros, Análisis Político en América Latina

Mayo, 2014

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