Salto mortal

En las negociaciones con los paramilitares, la izquierda se opuso con todos sus medios a cualquier tipo de impunidad y de concesiones políticas. Tanta presión rindió sus frutos, pues contribuyó a que el país prestara su atención al fenómeno de la ‘parapolítica’. Al día de hoy, las alianzas entre políticos y ‘bacrines’ no pareciera tener la misma intensidad y la sociedad es más vigilante y menos tolerante ante ellas. Sin embargo, esa misma izquierda ha dado un salto mortal con las Farc. Todo el discurso de una dura justicia transicional se fue al traste. Ahora resulta que en nombre de la paz no es necesario pedir ni verdad, ni justicia, ni reparación.

Un episodio sucedido en la Universidad Eafit ilustra el cambio de posición. Uno de los analistas que mayor protagonismo tuvo en la denuncia de la ‘parapolítica’ comentaba que de la Marcha Patriótica le pidieron que hablara con el ministro Vargas Lleras para que no prohibiera una manifestación. El Ministro le dijo que tenía información de que la Marcha Patriótica estaba infiltrada por las Farc. A lo que el analista respondió que no estaban infiltradas, sino que eran las Farc, pero que era mejor dejarles hacer política para que se decidieran a abandonar la guerra.

Más allá de hasta qué punto se pueda acusar a la Marcha Patriótica de ser el brazo político de las Farc, el episodio es revelador de la posición de la izquierda. Para ellos, la ‘farcpolítica’ es un fenómeno de consecuencias irrelevantes que no debe ser juzgado como la ‘parapolítica’. Con el argumento de que los guerrilleros estaban motivados por una causa justa se pueden pasar por alto todos los crímenes cometidos. Todos los candidatos, funcionarios y alcaldes de los partidos tradicionales, y de la misma izquierda, asesinados por las Farc deberán pasar al olvido.

Ojalá el proceso de paz se lleve a cabo. Si es el caso, que los guerrilleros puedan incluso hacer política sin pagar un día de cárcel. Este es un país cansado de tanta guerra. Pero lo que no puede pretender la izquierda es que al mismo tiempo que invoca un perdón absoluto persiste en la persecución judicial de quienes por las circunstancias de la guerra terminaron involucrados con el otro bando. ¿Cómo podrá justificarse que un alcalde o un finquero estén presos por pagar una extorsión a un paramilitar mientras los guerrilleros a los que ellos antes pagaban esa misma extorsión hacen política libremente?

Gustavo Duncan

El País, (Cali) Febrero 11 de 2015

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