¿Quiénes se vieron afectados tras el fallo de La Haya en el diferendo territorial con Nicaragua?

 

Las autoridades locales en San Andrés afirman que el fallo no causó gran impacto en la economía de la isla, sin embargo, el sector visiblemente afectado fue el de la pesca. Luis Antonio Ramírez Pérez presidente de la Cooperativa de Pescadores Industriales del Archipiélago de San Andrés y Providencia, al ser consultado respecto al impacto del fallo de La Haya afirmó que “afortunadamente hemos contado con el apoyo total del gobierno” y que éste, ha sido eficaz para permitir la pesca en Luna Verde, en el Meridiano 82, Quitasueño, Serrana y Serranilla, por lo que se sigue pescando en esa zona, esto significa que se está garantizando el derecho al trabajo, adicionalmente, concedió que existen las garantías a partir de la presencia de la Armada y la Seguridad Costera en las zonas en disputa y que trabajan en proyectos de largo aliento con respaldo del gobierno nacional y departamental que permitirá un mejor futuro para la industria pesquera. “Nunca se ha dejado de pescar y a partir del fallo se cuenta con mayor seguridad, ahora que estamos en la veda de la langosta, ahí estamos, no vamos a bajar la guardia, seguimos trabajando, así como los guardacostas nos están cuidando allá afuera, nosotros tenemos la fe en Dios que vamos a permanecer en las áreas afectadas”, enfatizó Ramírez. Las opiniones de los pescadores industriales consultados apuntaron en esa dirección.

El tema de la inseguridad en esa área ha sido algo de décadas, esto lo afirmaron en la Cámara de Comercio, en la Gobernación y las autoridades del archipiélago. La parte sur de Luna Verde siempre ha sido problemática, allí se han presentado saqueos y asaltos, robo de combustible, pero no es algo nuevo, en esto coincide el diputado Arlington Howard, es una problemática de vieja data. Tras el fallo de La Haya hay mayores condiciones que permiten la seguridad de los pescadores porque Colombia ejerce mayor control y seguridad para garantizar la protección del territorio. Los pescadores artesanales pueden ser más vulnerables por sus pequeñas embarcaciones. La gobernadora Aury Guerrero señaló que en la faena artesanal, de pescadores artesanales, atendiendo a sus condiciones es difícil que lleguen a Luna Verde o al meridiano 82, quienes lo hacen son los pescadores industriales. Ramírez comentó que están siendo subsidiados para la compra del combustible y de ese modo mitigar las condiciones adversas que produjo el fallo porque hubo empresas en ese sector que se fueron de San Andrés y trabajadores que perdieron sus empleos, hay otras embarcaciones que están paradas porque mover un barco de pesca industrial demanda un promedio de US$65.000. “El gobierno puso sus ojos en estos pescadores porque son los directos afectados, son los auténticos hijos de las zonas en disputa”.

Jorge de la Cruz de Alba, es un pescador artesanal y vocero de la comunidad raizal, hizo parte de una delegación del Departamento que se desplazó a Roma tras el fallo, para exponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura cómo se vieron afectados en sus derechos, especialmente, en el trabajo, la seguridad alimentaria y su sostenibilidad económica. Al ser consultado, De Alba habló del impacto emocional que ha tenido para la comunidad. “Lo que pasó fue de suma gravedad, hay que sentirlo para poder entenderlo”, explicando la distancia que hay entre Colombia y el pueblo étnico raizal que sufrió una pérdida equiparable a la pérdida parental, debido a su relacionamiento con el territorio. “Es una cuestión emocional, profunda, que va más allá del entramado jurídico”. De Alba comparte la incertidumbre sobre lo que viene para San Andrés, entiende que la decisión de una Corte Internacional está por encima de la legislación nacional y fue enfático al señalar la desatención de Colombia durante años, cediendo espacio a Nicaragua con lo cual ese país fortaleció su posición y pasó de ser un país “débil” a uno fuerte. El pescador ya no devenga lo que antes y el pescado se ha puesto más caro en la isla, lo que afecta incluso el consumo para los locales. Precisamente, en esta época del año, los pescadores iban al meridiano 82 para pescar y la faena dejaba unos US$ 800 pero a partir del fallo, el trabajo se fraccionó, hay una clara afectación en el derecho al trabajo y muchas veces los pescadores se van a pérdida porque en las zonas que frecuentan no encuentran el mismo pescado, ni langosta que es lo que deja mayor ganancia, puede suceder que salen toda una noche y regresan con 20 libras de pescado con lo que no alcanzan a recuperar ni siquiera lo del combustible, gastan US$50 y con la venta recuperan US$20, corroboran otros pescadores artesanales, que también mencionaron como a partir del fallo, hay temor de ir a la zona en litigio, los pescadores se abstienen de pescar en ese lugar. Muchas embarcaciones han sido abordadas por guardacostas nicaragüenses, no los violentan, pero si les han quitado pertenencias.

Después del fallo de La Haya el territorio colombiano quedó en un enclave, es decir, encerrado, no hay acceso libre porque quedó enclavado, se puede interceptar la embarcación y alegar que se está en territorio nicaragüense, ¿qué se va a decir? Es un tema que ya está definido, dicen con molestia. Reconocen la hermandad con el pueblo nicaragüense y hacen énfasis en que la comunidad raizal está por encima de las disputas territoriales y fronterizas, el pueblo étnico raizal tiene como actividad de subsistencia la agricultura y la pesca y las relaciones de intercambio con los raizales del otro lado de la frontera han sido un aspecto clave por generaciones.

De Alba narró cómo ese proceso llevado por Colombia durante los diferentes gobiernos ignoró al pueblo étnico raizal, ni siquiera acudió a ellos para que fueran en representación y defensa de Colombia, cosa que a su criterio, habría tenido alguna incidencia en la decisión. ¿Por qué si el Tratado Esguerra Bárcenas se venía cumpliendo durante tantos años ahora no tiene validez y la Corte Internacional de Justicia desatendió esto? ¿Qué pasó con la política internacional de Colombia? Este proceso empezó en la administración Pastrana y después estuvo Álvaro Uribe durante 8 años, ¿qué pasó? Se pensaba que Nicaragua era débil y que Colombia iba a ganar esa disputa, cuestionó de Alba, ahora se afectó a pueblos hermanos que han compartido un territorio por más de 500 años, “para nosotros no existen fronteras”, hay relaciones económicas y comerciales de intercambio histórico entre raizales que se han visto afectados porque manejaban el intercambio, el  trueque, son dinámicas que no entienden los que no las viven. 

Situaciones polémicas y versiones encontradas

Tras el fallo de La Haya el Gobierno Nacional busco paliar la situación y para tal fin otorgó a los pescadores artesanales un subsidio de US$900 aproximadamente, correspondió a cada pescador 6 mensualidades, este fue un subsidio solicitado por los pescadores al Presidente de la República. Los pescadores consultados comentaron que un año y medio después del fallo, hay quienes no han recibido la totalidad de los subsidios. Al tratar de corroborar esta información con las autoridades departamentales fue posible establecer que ha sido a raíz de diferentes irregularidades que no se han entregado todos los subsidios, por ejemplo, que los pescadores debían tramitar el subsidio a través de las cooperativas para una mayor organización pero lo que ocurrió fue que se crearon cooperativas ficticias, un gran porcentaje de la población dedicada a otras actividades resultó de la noche a la mañana dedicada a la pesca artesanal con el objeto de reclamar el subsidio, al percatarse de esto, el gobierno nacional extremó las condiciones para la repartición de los subsidios y evitar la defenestración de recursos públicos, también con la intención de que quienes reciban el subsidio sean pescadores.

El diputado Howard mencionó que casi 1200 personas recibieron el subsidio tras el fallo en diciembre de 2012, pero luego empezaron a considerar otros antecedentes para el otorgamiento de éstos y al día de hoy todavía hay quienes no han recibido la totalidad, en lo positivo reconoce que pese a la improvisación se trata de confirmar que quienes reciben la ayuda, en efecto, sean pescadores  La gobernadora destacó que fueron los mismos pescadores quienes pidieron el subsidio al gobierno nacional y que este definió las condiciones para ser beneficiario, se trató de una solicitud acatada. De otra parte, enfatizó la gobernadora, a los pescadores industriales se les colabora con la financiación de combustible, buscando en todo caso garantizar la seguridad y las condiciones a pescadores tanto industriales como artesanales.

Algunos pescadores hablaron de detenciones por parte de autoridades nicaragüenses, que les imponen multas y que como no las pueden asumir les retuvieron sus embarcaciones. Esta información fue desmentida en el despacho de la gobernadora, no se tiene denuncia de que algo así haya ocurrido tras el fallo. Esa práctica ocurrió durante décadas pero que nunca después del fallo se ha producido un asalto. La Armada está en el límite del meridiano 82, ¿cómo pasan los nicaragüenses si la Armada colombiana está ahí? Es necesario que la gente se apegue a la verdad, exigió la gobernadora. La mandataria destacó que entiende la posición de los pescadores y la respeta, pero no se hace justicia al proceso que se ha querido adelantar con ellos, diálogos y mesas de conversación, el gobierno colombiano ha respondido, pero en honor a la verdad, desde allí también se ha obrado de manera oportunista y prueba de ello fue lo acaecido con las cooperativas ficticias para obtener un subsidio. Se entiende que el impacto económico afectó un sector, el de la pesca, pero hay mucho desconocimiento de la población frente al proceso, la molestia es comprensible, pero las administraciones tanto departamental como nacional trabajan mancomunadamente para promover el desarrollo del departamento, puntualizó la gobernadora.

Otra situación que es motivo de gran inquietud tiene relación con un Complejo Pesquero que se inició con recursos asignados por el gobierno nacional durante la segunda administración de Álvaro Uribe, ¿qué dijeron los pescadores artesanales? Afirmaron que la obra quedó a medio camino, que nunca llegó a funcionar y qué el Complejo está abandonado en la actualidad. Al visitar el Complejo, acompañada por un grupo de pescadores industriales que no coincidieron con esa versión, sino que afirmaron que el Complejo si había funcionado y que fue otorgado en concesión a algunas cooperativas de pescadores artesanales, fue posible corroborar que el  lugar estuvo funcionando durante un tiempo pero ahora está abandonado, se cerró.

Autoridades departamentales confirmaron off the record que el Complejo no estuvo completamente dotado, pero que si se otorgó en concesión a cooperativas de pescadores artesanales que lo convirtieron en un negocio particular de venta de hielo, negándose a presentar la contabilidad, el movimiento y las cifras, entonces, el gobierno departamental debió clausurar el lugar y sacar a quienes se habían instalado allí para lucrarse como particulares a partir de los recursos públicos y de un bien común. Alain Manjarrez, de la Cámara de Comercio, coincidió con esa versión, señalando que el Complejo se otorgó en concesión a una cooperativa, pero que esta infortunadamente no tuvo el acompañamiento necesario para ser productiva y actualmente está abandonada. La gobernadora respondió que el Complejo no se terminó, faltaban recursos físicos y la maquinaria para optimizar los procesos, se otorgó a pescadores artesanales pero no lo manejaron  con estrictos procedimientos legales.

Las situaciones irregulares que configuran las realidades locales en Colombia y en América Latina, no dejan mucho lugar para dudar del arraigo a la cultura de la ilegalidad, no se tiene como indispensable el compromiso irrestricto con la ley, se busca burlar la institucionalidad y engañar al sistema, sacar partido de cada situación, la mayor ganancia con el menor esfuerzo, el atajo. Mientras esa tendencia siga dominando en nuestras sociedades será difícil que nuestras democracias sean más sólidas. No se puede apelar la pertenencia a un Estado únicamente como sujetos de derechos, a la hora de extender la mano para pedir y para reclamar la vulneración de un derecho, pero luego, dejar de lado que somos sujetos de deberes y uno de estos es cumplir la ley. Los testimonios de los isleños develan malestar e indignación frente al fallo de la CIJ y el papel desempeñado durante décadas por el gobierno nacional. La incertidumbre sigue, pero hay un hecho ineludible, el fallo deberá acatarse.

 

Por Clara Riveros, Análisis Político en América Latina

Mayo, 2014.

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