¿Progresismo o vulneración de los derechos constitucionales en Ecuador?

Nueva alerta por la vulneración de los derechos constitucionales ecuatorianos al trasladar la dirección de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente-ENIPLA- desde los Ministerios de Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Desarrollo Social y Educación hacia la Presidencia de la República. Diferentes organizaciones consideraron ese traslado como un atropello a la institucionalidad ecuatoriana y a las políticas públicas, así como a la garantía constitucional de un Estado laico y a la ética laica.

Se alertó sobre la posible vinculación de la Presidencia de la República con grupos religiosos, que mantienen visiones distintas a los derechos sexuales y reproductivos de hombres y de mujeres; y, los retrocesos que este tipo de decisiones tendrían en la salud, la vida, los derechos de los grupos prioritarios que considera la ENIPLA como política pública de un Estado Laico, como es Ecuador.

Organizaciones exigen la derogatoria del Decreto 491 así como la restitución de la autoridad rectora sobre la Política de Salud Sexual y Salud Reproductiva al Ministerio de Salud con su respectiva coordinación, y mecanismos de implementación interinstitucional. Es de señalar que en los artículos 18, 25, 32 y 66, se consagra el derecho sobre la libertad de los individuos para tomar decisiones sobre su propia sexualidad y orientación sexual, así como las responsabilidades del gobierno en brindar información adecuada y la asistencia necesaria para que estas decisiones se den en condiciones seguras. Por lo que se hace un llamado al respeto de la Constitución de la República y a los instrumentos internacionales de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez y de la adolescencia.

*Con información de REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD). Diciembre 10, 2014.

 

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En el pasado mes de noviembre generó polémica la designación de Mónica Hernández de Phillips en la ENIPLA como directora del programa para prevenir el embarazo adolescente. Quienes cuestionaron la medida consideran que Hernández no es idónea para el cargo porque estaría vinculada al Opus Dei.

En octubre de  2013 el presidente Rafael Correa amenazó con renunciar si el Congreso despenalizaba el aborto.

En agosto de 2013 el Informe de Human Rights Watch alertó sobre la criminalización de las víctimas de violación sexual. Ecuador niega a las víctimas de violación sexual la posibilidad de abortos seguros y lícitos y esa prohibición dificulta el acceso a servicios y contribuye a la mortalidad materna.

 

Por Clara Riveros, Análisis Político en América Latina

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