Perjuicios de vivir en una democracia invertida

El Gobierno se ha tragado al Estado de Derecho. Encuentra todavía resistencias, en la justicia, la prensa y la opinión, pero probablemente podrá acabar con ellas si en las próximas elecciones consigue un nuevo mandato.

Dijo Aníbal Fernández hace poco que cuando la jefa de gobierno y jefa del movimiento nacional ordena, se la obedece. Esta explicitación de algo bien sabido remite a una imagen conocida: Il Duce. Debería ser el femenino, pero Duchessa suena débil para el caso. Quizás el símil no sea el más adecuado. Estamos lejos de un Estado como el fascista italiano, más allá de las aspiraciones de su jefa. Por ahora, lo que tenemos es una democracia invertida.

En principio, lo de la jefatura es problema de quienes la acatan. El peronismo siempre ha sido un movimiento de líder. Pero afecta a todos cuando la jefatura del movimiento se identifica con la del Estado; cuando el Estado es puesto al servicio del movimiento, duplicando la autoridad del jefe político con la de quien maneja sus recursos. Cuando democracia y república tienen un funcionamiento inverso a sus principios.

Esto no es extraño a la tradición republicana -en tiempos del PAN se hablaba de Unicato-, pero como en todas las cosas, hay grados. El actual no recuerda a Juárez Celman sino a Mussolini, salvo que La Cámpora no ha llegado todavía al nivel de eficiencia del partido Fascista, y parte de sus funciones son cumplidas por la administración del Estado y sus funcionarios.

En la frase de Fernández, gobierno y movimiento se vinculan con una “y”. Asusta la naturalidad con que la usó. Esta idea de jefatura coexiste con un régimen democrático y con un Estado republicano, basados desde 1983 en la Constitución.

Gradualmente se ha llegado a esto, sin que la letra constitucional haya cambiado. Las mismas formas sirven para un funcionamiento inverso. Existe el Congreso, con su facultad legislativa, pero trabaja con material producido en la Casa de Gobierno, y ejecutado por una mayoría disciplinada, que casi no ha tenido fallas. Los opositores discutieron y hasta negociaron, pero habitualmente el Congreso aprobó lo que venía del Ejecutivo sin tocar una coma. De ahí la conocida fórmula de la “escribanía” parlamentaria. Los viejos Parlamentos de la época de Luis XIV, que eran escribanías, usaban su derecho de protocolizar las resoluciones reales con más autonomía que estos parlamentarios del movimiento.

También los fallos judiciales suelen ser producidos en la Casa de Gobierno. Muchos jueces están encuadrados en una agrupación política. Un regimiento de funcionarios, incluidos los servicios de inteligencia, está dedicado a conversar con ellos, y a premiarlos o castigarlos para que fallen según las órdenes. La reforma del Consejo de la Magistratura permitió subordinarlo a la mayoría política en el Congreso. Cada uno de los procedimientos judiciales ha sido reformado o interpretado al límite mismo de la legalidad, para permitir la discrecionalidad del Ejecutivo.

Apoyados en el control del Congreso y de una parte sustantiva de la Justicia, el gobierno y su jefa han pasado sistemáticamente por encima de todos los mecanismos de control previstos por el sistema republicano. El Gobierno se ha tragado al Estado de Derecho. Encuentra todavía resistencias, en la justicia, la prensa y la opinión, pero probablemente podrá acabar con ellas si en las próximas elecciones consigue un nuevo mandato.

Para eso tendrá que tener la mayoría de los votos, pues el sufragio es la base de la democracia. Tenemos elecciones, se hacen regularmente y las denuncias de irregularidades no son masivas. Pero lo que se ha invertido es el sentido del sufragio. En una democracia representativa, el conjunto de los ciudadanos elige con su voto a los representantes que gobernarán en nombre suyo. Este mecanismo, que debe ir de los ciudadanos a los gobernantes, de abajo hacia arriba, se ha invertido completamente en la práctica corriente del sufragio.

El sufragio ya no produce gobiernos. Son los gobiernos los que producen los sufragios, los fabrican para legitimar su poder y para reproducirlo. Para ello usan discrecionalmente los recursos del Estado. Sus administradores son a la vez los organizadores de lo que corresponde llamar el Partido del Gobierno. Esto funciona así en todos y cada uno de los niveles. Pero su realización máxima se encuentra en el mundo de la pobreza. No habría una máquina política tan eficiente sin los pobres, para quienes la ciudadanía está lejos de ser un valor y para los que una elección es ante todo la ocasión de que alguien se ocupe de ellos. La operación debe ser hecha con arte y eficiencia, combinando algo de discurso y de mística con mucho de administración.

Desde los poderosos intendentes parten las redes de intermediarios, entre funcionarios y punteros. En los espacios sociales celulares se vinculan con aquellos que pueden controlar un conjunto social, que es también un conjunto de votos. Por esos canales los beneficios -muy variados- que el Gobierno distribuye de manera desigual y arbitraria se trasmutan en los sufragios que lo legitiman.

La democracia es una palabra amplia, que incluye variantes muy distintas. La nuestra actual no se aparta de su forma esencial, pero invierte y desnaturaliza su sentido. Crea una red que concurre con las otras, organizadas desde la jefatura, como puntualizó Aníbal Fernández. No se trata del partido único, pero tampoco de la competencia libre. No es fácil definirlo, así como no es fácil encontrar el femenino de Duce. Pero las definiciones son menos importantes que la comprensión del fenómeno y de su gravedad.

Luis Alberto Romero, Socio del CPA
Clarín, 1-7-15

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