La sociedad, la ley y el peronismo

Hace unos cinco años, Ricardo Forster me dijo: “Las leyes se hacen para ser violadas”. Una frase hecha, pero dicha en un lugar sorprendente: el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde un grupo de pensadores habíamos sido convocados para ilustrar a un público de diputados y senadores. No creo que esto haya sorprendido a los peronistas, cuyo movimiento surgió con la célebre apología de la democracia “real” por sobre la “formal”. Es decir la primacía de la voluntad del líder que expresa al pueblo, por encima de la

Constitución y las leyes. Fruto de esa opinión fundacional es otra frase, igualmente difundida en el peronismo: “Salvo la Ley de la Gravedad, todo se arregla”. O también “al enemigo, ni justicia”, reemplazada más recientemente por “al enemigo, la AFIP”.

No es una novedad que la cultura política peronista es transgresora y decisionista. Tampoco es novedad afirmar que allí precisamente reside el atractivo del peronismo para las nuevas generaciones de políticos profesionales, con pocas ideas, sentimientos cambiantes y una decidida voluntad de hacer simultáneamente una carrera y a la vez “una diferencia”. Quienes tienen esa predisposición descartan inscribirse en partidos que rindan culto al ejemplo de Arturo Illia, Juan B. Justo o Lisandro de la Torre. Lógicamente prefieren sumarse a aquel en el que la moral sea más laxa y tolerante, y en el que el enriquecimiento personal sea, sobre todo, una muestra de su eficacia.

Para muchos es común, y hasta cómodo, responsabilizar de esto a los peronistas, que ciertamente se sienten a gusto en ese contexto. Pero eso no explica por qué a la hora de la verdad los votan tantos ciudadanos que no son peronistas y que incluso los critican fuertemente.

El 54 por ciento de votos de Cristina Kirchner no se conformó solo con peronistas o con adherentes entusiastas.

Muchos la criticaron duramente en 2008, y votaron en contra en 2009. Pero en el momento crucial de elegir presidente, gobernador o intendente, los peronistas no sólo no producen un rechazo mayoritario. Para muchos, son algo así como el “partido del orden”, los que saben cómo gobernar, los que -más allá de fracasos a veces espectaculares- saben cómo moverse en un país en el que la legalidad es algo siempre relativo y opinable.

Carlos Nino hizo una pintura de esto en “Un país al margen de la ley”. Desde otro ángulo, Guillermo O’Donnell dibujó mapas de la Argentina con extensas zonas marrones, donde la presencia del Estado y de la ley son tenues. A esa realidad contribuyeron los peronistas, que gobernaron muchos años, pero también los militares -destructores natos de la legalidad- así como muchos autodenominados demócratas liberales, que hicieron lo suyo para acomodar la ley a sus urgencias. El deterioro de la tradición republicana -pues de eso se trata- es anterior a los peronistas. Desde la perspectiva que sugiero, son más bien uno de los productos de una sociedad que en algún momento prefirió alejarse del edificio institucional cuyas bases se echaron en 1853.

Para entender este problema, lo peor que puede hacerse es reducirlo a una causa: atribuirlo, por ejemplo, a la tradición hispana o a la inmigración. Tampoco a una colectividad política. Las buenas explicaciones son complejas y articulan diferentes procesos, algunos de larga duración. Voy a mencionar dos de ellos, a conciencia de que faltan muchos otros.

El primero tiene que ver con la institucionalidad republicana y la democracia. La primera se afianzó en 1880, y en los años siguientes se desarrollaron sus instituciones, como la Justicia, el sistema tributario o el Correo. Desde 1912, el país comenzó a transitar por el camino de la democracia de masas, que por entonces en Europa cobraba un carácter antiliberal y antiparlamentario.

En la Argentina siguió el mismo camino: dos gobiernos de plena legitimidad democrática, los de Yrigoyen y Perón, transitaron con creciente intensidad el camino que lo alejaba de las instituciones. La República, mal arraigada, se convirtió en el blanco de una corriente política antiliberal, nutrida en el nacionalismo, el catolicismo y el militarismo, y retomada por Perón.

Después de 1955, las intervenciones militares impidieron una vuelta auténtica a la Constitución, lo que sí ocurrió en 1983. Desde entonces, el país finalmente tuvo una democracia institucional y pluralista, fundada en el Estado de derecho. ¿Cuánto duró? Poco. La Argentina ha ido retomando y profundizando el modelo democrático inicial, en el que la mayoría de sufragios autoriza al presidente a hacerlo todo. Da la impresión de que se sedimentó una cultura política que va más allá del peronismo, para la que la ley no es importante en sí misma.

Una historia similar puede contarse del Estado y su relación con los intereses organizados. Hubo un tiempo en que el Estado pudo desarrollar proyectos que miraban el interés general, como la Ley de Educación, la Ley Sáenz Peña, la expansión de YPF o de los caminos. Pero tempranamente el Estado debió lidiar con las presiones sectoriales, y fue recorriendo el camino que lleva de la regulación

-por ejemplo, el ejercicio legal de la medicina- a la franquicia -el caso de la ley sindical- o el privilegio, presente por ejemplo en la leyes de promoción industrial.

Esos privilegios -desde la construcción de Aluar a la pista de Anillaco- fueron focalizándose en beneficiarios específicos, de dudosa relación con el interés general. También es fácil asociar el creciente derrumbe estatal, que vivimos desde hace cuatro décadas, con la proliferación de decisiones arbitrarias sobre las cuales se ha construido un capitalismo de amigos. Hoy mismo, las leyes se hacen y deshacen con un objetivo singular: beneficiar o perjudicar a alguien. La ley, decididamente, no es igual para todos.

Fácil sería proyectar todo esto a otros ámbitos. Para encaminarnos hacia la solución, lo importante es enfocar correctamente el problema. No se trata del peronismo sino de una buena porción de la sociedad que ha llegado a mirar con indiferencia a la ley y a las instituciones.

Probablemente todos tengamos algo de responsabilidad en esto, por acción u omisión. Pero mirando hacia adelante, con la perspectiva de un ciclo que ha de iniciarse, un objetivo es recuperar el Estado de derecho, el gobierno de la ley y, sobre todo, el aprecio de su importancia. Mejorará el funcionamiento del país, la convivencia, y con seguridad el peronismo, que si se encuadra dentro de la ley puede hacer mucho por el país.

Luis Alberto Romero, Socio del CPA

Los Andes, 9-11-14

 

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