La política en el glifosato

En el debate sobre la suspensión del glifosato se han invocado diversos argumentos. El asunto de la toxicidad de la sustancia es solo uno más a lo largo de una vieja discusión. También se invocan razones de eficiencia económica. Concentrar los esfuerzos en perseguir lavadores costaría mucho menos y, de paso, permitiría incautar enormes cantidades de dinero.

Sin embargo, en el debate se ha pasado por alto el principal asunto político en la decisión: ¿Sobre cuál sector de la sociedad debe recaer el esfuerzo de las políticas antidrogas? La concentración de la represión en los cultivos en el fondo es el reflejo de la pobre capacidad de representación de los cocaleros en el sistema político, pero también del hecho que a pesar de ser la etapa del narcotráfico que menor valor agregado genera es la que constituye un mayor desafío para el Estado.

Los colonos cocaleros pueden ser fácilmente más de cien mil familias en Colombia pero por diversas circunstancias su número no se convierte en un poder electoral que represente sus intereses. Los cocaleros por supuesto que votan. Lo hacen por alcaldes, concejales y congresistas que le prometen soluciones a sus problemas concretos en el día a día. El problema es que no existe ningún político que los reivindique como una clase social ante el Congreso y ante la sociedad.

Peor aún, el control político de facto en las zonas de cultivos de coca es ejercido en su mayor parte por las Farc, una guerrilla que subordina los intereses de los cocaleros a su agenda revolucionaria. No es casual que en La Habana los temas de tierras y cultivos ilícitos hayan sido despachados en un dos por tres mientras que el de justicia transicional esté empantanado.

Quizá sea esta la razón principal por la que en Colombia no ha surgido un movimiento influyente de cocaleros. En Bolivia, en vez de una guerrilla, eran los sindicatos indígenas quienes controlaban las zonas de cultivos. Lo venían haciendo desde antes del boom de la cocaína cuando mediados del Siglo XX Paz Estenssoro llevó a cabo una reforma agraria. Los sindicatos estaban inscritos en las instituciones políticas del país, facilitando una interlocución pacífica con el resto de actores de poder. Los resultados de esta capacidad de representación institucional saltan a la vista: los cocaleros fueron la plataforma que llevó a Evo Morales a la Presidencia.

Si la guerrilla es hostil a la interlocución política con las instituciones democráticas, la respuesta del Estado tampoco es amable. El miedo a que los excedentes producidos por los cocaleros sean utilizados por las Farc lleva a que las elites nacionales sean reacias a que el eje de la política antidroga sea algo distinto a la destrucción por la fuerza de los cultivos. No está en juego que el primer mundo tenga problemas de salud pública sino que una guerrilla haga una revolución. Es por esta razón que a pesar de que económicamente sería más eficiente perseguir a lavadores, en términos políticos es más efectivo perseguir a cultivadores. Cuando el dinero de las drogas está en una cuenta bancaria no es una amenaza para el Estado. Está, de hecho, bajo el cuidado de las leyes del estado así sea dinero de origen ilegal.

En suma, cuando se discute sobre el glifosato se está discutiendo un tema más complejo que la toxicidad de una sustancia. Se discute en realidad uno de los grandes asuntos políticos del país.

 

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