La libre expresión puesta a prueba

En la Cumbre de las Américas reunida en Panamá, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, afirmó: “…la prensa latinoamericana es mala, muy mala”. Para él, esa “mala prensa” es la que se atreve a publicar críticas a su gobierno y expresar el disenso ciudadano. Es más: los gobiernos del ALBA, pretenden impulsar el cierre de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No fue sorpresa, entonces, que esos gobiernos tampoco expresaran su intención de defender la integridad institucional de la CIDH y la libre circulación de informaciones y de ideas.

Pero la acción contra la prensa independiente no se circunscribe al actual gobierno ecuatoriano. En Cuba solo hay una prensa: la oficial. Están prohibidos los medios independientes. La justificación: “…nuestros órganos de prensa no están en manos de los enemigos de la Revolución, ni en manos de agentes de los Estados Unidos”. “Nuestra prensa es revolucionaria, nuestros periodistas, en la radio, en la televisión, son revolucionarios” (“Cien Horas con Fidel, conversaciones con Ignacio Ramonet”). En suma, en Cuba no hay lugar para el disenso democrático.

Por su parte, el gobierno de Venezuela, empecinado en ocultar su aguda crisis y la carestía generalizada, acosa a los medios independientes que pretenden informar sobre las penurias del pueblo; medios que, luego, se han visto en el trance de salir de circulación.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela, empecinado en ocultar su aguda crisis y la carestía generalizada, acosa a los medios independientes que pretenden informar sobre las penurias del pueblo; medios que, luego, se han visto en el trance de salir de circulación. En Argentina, es conocida la incomodidad que le producen a la presidenta Kirchner los diarios independientes, cuyas voces no ha podido, hasta ahora, acallar.

En Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) acaba de afirmar, con razón, que “la libertad de expresión se paga (en el país)  con la asfixia económica, la persecución impositiva y una política gubernamental orientada a dificultar el trabajo de periodistas y medios de comunicación comprometidos con el equilibrio informativo y la investigación de casos que involucran a funcionarios públicos”. Añade: “el encarcelamiento de un periodista, la sanción a cinco medios de información y el permanente acoso tributario a las empresas periodísticas describen un preocupante escenario para la libertad de expresión que se debate en medio de los caprichos de la política”.

No solo los medios de prensa y los periodistas sufren el acoso oficial: también los ciudadanos, que buscan estar informados y sienten los efectos de ese hostigamiento. ¡Qué empeño el del gobierno en seguir el camino de los regímenes intolerantes!

Marcelo Ostria Trigo
El Deber, (Bolivia). Abril 22, 2015

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