Inau: nadie rinde cuentas, nadie renuncia

En diciembre de 1987 estalló un escándalo a raíz de un grave incidente ocurrido en un local del entonces llamado Consejo del Niño, en Treinta y Tres. Cinco funcionarios fueron procesados por “violencia privada” y “abuso de funciones”. Algunos legisladores reclamaron la renuncia de la presidenta del Consejo y el tema fue arduamente debatido en los medios de la época.

La abismal diferencia que hay en el modo con que se discutió aquel episodio con respecto a cómo se trata la seguidilla de actuales problemas del INAU, asombra.

Ni la entonces presidenta del Consejo del Niño, ni los otros dos miembros eran culpables de lo que había ocurrido en un Consejo que había sido recuperado por la democracia solo dos años antes. Pero al ser los titulares del organismo y dada la gravedad del hecho, parecía razonable reclamar responsabilidad política. La ministra de Educación y Cultura, Adela Reta, bajo cuya órbita funcionaba el Consejo fue llamada a sala por el diputado herrerista Martín Sturla.

Hoy, en cambio, hasta la central sindical quedó atrapada por la postura de su vicepresidente Joselo López, dirigente del sindicato de funcionarios del INAU que apoyó sin titubeos la manera violenta en que actuaron los funcionarios del SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente). Recién el martes, tras una larga discusión, el PIT-CNT resolvió “licenciarlo” de su cargo por un tiempo. Más allá de algunas declaraciones de condena a nivel político, ningún gobernante fue llamado a rendir cuentas y nadie espera que haya renuncias.

Es que a lo largo de los años se fue instalando un anestesiamiento creciente. Los reflejos vigilantes de las institituciones hoy parecen adormecidos.

Muchas veces reflexioné sobre aquel episodio al compararlo con la indiferencia de tiempos recientes. En su momento entendí necesario que los consejeros renunciaran. La entonces presidenta del Consejo, Ana María Renna, anunció que no lo haría, aunque aclaró que acataría lo que resolviera el Poder Ejecutivo. Los otros dos, Consuelo Behrens y Juan Miguel Petit ofrecieron sus renuncias a sus respectivas autoridades partidarias: Behrens al Partido Nacional y Petit al Colorado.

Les dolía tener que irse porque entendían que estaban haciendo un trabajo intenso, innovador, que había comenzado desde cero, para transformar un organismo lleno de vicios. Y era así. Renna definió su tarea como “desgastante y dura”. Lo cierto es que trabajaban bien y formaban un sólido equipo. Al final no renunciaron.

Era importante dejar claro que no era lo mismo la responsabilidad política que la culpabilidad penal. Por el mero hecho de ser la autoridad reconocida, cuando surge un hecho crítico o escandaloso y aunque el jerarca no sea culpable, debe responder por lo acontecido. No hay culpa, no corresponde ningún proceso penal, pero igual debe dar la cara.

Tampoco es culpa de la actual presidenta de INAU, Marisa Linder, ni de la directora del SIRPA, Graciela Fulco, lo sucedido en estos últimos tiempos (incluída la llamativa fuga del martes), en especial porque hace muy poco que ocupan sus cargos.

Pero los hechos ocurrieron y alguien es responsable de ellos.

En una reciente entrevista concedida a “El País”, el sacerdote salesiano Mateo Méndez (que en 2008 y por solo seis meses fue director del entonces llamado Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil), respondió con un contundente “por supuesto” cuando se le preguntó si se había ido por tener problemas con los funcionarios y no con los menores.

En ese momento algunos razonaron, con paternal tono condescendiente, que al sacerdote le faltaba experiencia en el manejo de la burocracia estatal y los empleados públicos. Le sobraban conocimientos, sin embargo, de cómo lidar con jóvenes en situaciones complicadas. De eso sabía y mucho. Pero terminó renunciando antes de que le estallara la misma bomba que les estalló a los tres consejeros en 1987. Aquel viejo problema, la clave de los dramas de INAU, seguía sin resolverse.

Hoy ya nadie rinde cuentas. Se acepta con resignación que así es la triste, irreversible e incorregible realidad. Una realidad defendida además por dirigentes sindicales que asumieron la tarea de cubrir las espaldas de sus compañeros aunque ello le haga más daño aún al INAU.

De haberse mantenido la presión para que los directivos asuman su responsabilidad política, incluso mediante la renuncia y aun a riesgo de provocar una cadena sin fin de renuncias, tal vez eso hubiera ejercido un efecto dentro del organismo que lo hubiera llevado a reformar lo que ha sido fuente de sus constantes crisis: el criterio para contratar personal especializado.

Poco importa el diseño modernizado de algunos servicios si el problema más serio, el de fondo, no se corrige de manera drástica.

Y el problema de fondo es que estas dependencias específicas, no cuentan con personal competente. Por eso, claro, se arruinan hasta los mejores proyectos. Se perjudica la atención a los menores, razón de que exista tal cosa como el INAU, y se desprestigian hasta los mejores directores.

Este es el tema que sigue pendiente. Hace 30 años que nadie lo toca. Debe haber un recambio radical de personal en varias de esas dependencias, con otro perfil, otra especialización y más competente. El actual no sirve: hay que despedirlo. Y para hacerlo, habrá que enfrentar al sindicato y contar con el respaldo imprescindible de todo el funcionamiento político, desde el presidente hasta el Parlamento, le guste o no a Joselo López.

Al perderse el reflejo de pedir cuentas, de exigir renuncias, de hacer que la institución esté en crisis de autoridades permanente hasta que se hinque el diente donde hay que hacerlo, el INAU seguirá siendo lo que es. Una colección de servicios internos con siglas llamativas llevadas a cabo por personal no apto que se terminó adueñando del organismo.

Si cada director se hubiera ido dando un portazo ante estas situaciones, como lo hizo Mateo Méndez, si los gobiernos se vieran obligados a enfrentar un Parlamento inquisitivo, es probable que las inevitables medidas que hace falta tomar, se hubieran adoptado antes.

Por eso es bueno como práctica institucional, que un jerarca renuncie cuando es puesto (contra su voluntad y sin culpa personal) ante una apremiante situacion de escándalo. Presos irán los culpables, pero con su renuncia el jerarca enfrentado a una situación extrema, dará una respuesta extrema. Solo así se obligará a todo el gobierno, incluído el presidente de la República, a afrontar sin titubeos ni cobardías, los problemas de fondo.

Sin embargo eso no ocurre. Por ahora, nadie renuncia, todo está anestesiado y más allá de una circunstancial ola de enojo, a nadie le importa demasiado.

Por Tomás Linn

AÑO 2015 Nº 1828 – MONTEVIDEO, 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2015. SEMANARIO BÚSQUEDA

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