Gdeim Izik: las familias de las víctimas -11 militares asesinados- reclaman verdad y justicia

Familias de los militares asesinados en campamentos de Gdeim Izik exigen justicia
Familias de los militares asesinados en campamentos de Gdeim Izik exigen justicia

 

El desmantelamiento del campamento de 20.000 saharauis en Laayoune (Sahara Occidental administrado por Marruecos) el 8 de noviembre de 2010, se saldó con el asesinato de 11 militares, un civil y decenas de heridos. El activismo degeneró en violencia. Medios internacionales han señalado que este fue el evento de mayor gravedad acaecido en el Sahara desde que se proclamara el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991.

Justicia militar

El 16 de febrero de 2013, el Tribunal Militar de Rabat acusó a 25 saharauis de: «integración en banda criminal, violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, injerencia en la seguridad interna y externa del Estado y mutilación de cadáveres» por los eventos de Gdeim Izik. Aunque los 25 presuntos autores fueron detenidos, procesados y condenados en un Tribunal Militar, la reforma de la Constitución (2011) introdujo cambios y los delitos cometidos por civiles –así sean contra militares- deben ir a la jurisdicción civil. Por consiguiente, el 27 de julio de 2016, la Corte de Casación de Marruecos anuló la condena del Tribunal Militar que había dictado penas desde los 20 años hasta la cadena perpetua para cinco de los 25 saharauis. Uno de los acusados se refugia en España.

El proceso ante la justicia civil

Proceso civil Gdeim Izik
El juicio civil inició en diciembre de 2016 y cursa actualmente en la Corte de Apelación de Primera Instancia de Rabat-Salé

El juicio civil inició en diciembre de 2016 y cursa actualmente en la Corte de Apelación de Primera Instancia de Rabat-Salé. Desde el inicio de las audiencias se refirieron las cuestiones procedimentales y de forma. El Tribunal habilitó dos salas con pantallas de televisión gigantes y traductores para que la prensa y los observadores internacionales sigan el juicio. El proceso que inició a finales de 2016 no ha concluido. La próxima audiencia tendrá lugar el 8 de mayo del año en curso.

Los asistentes han entorpecido el desarrollo de las audiencias –tanto los detenidos como sus familiares e incluso comportamientos improcedentes por parte de la defensa de los acusados-. Los procesados no se consideran marroquíes, pretenden restar legitimidad a la justicia marroquí y tampoco quieren la comparecencia de las familias de las víctimas. Durante las sesiones han arengado a la RASD y al Frente Polisario y desestiman las pruebas porque, según ellos, fueron obtenidas mediante coacción y tortura, es decir, se consideran víctimas. «No se sabe a ciencia cierta víctimas de qué», apuntó el analista de seguridad y co-director del think tank español, International Security Observatory, José María Gil. «Según su historia, se consideran víctimas de Marruecos pero, las únicas víctimas son 11 militares y un civil asesinados de la forma más cruel. Las víctimas son los familiares, los padres, las viudas, los hijos, los hermanos. Las víctimas son 11 agentes del orden y una persona de protección civil del Reino de Marruecos que fueron asesinados. Esta es una causa penal».

Para Gil, los abogados de los procesados lejos de centraste en la defensa técnica de los detenidos se han dedicado a la defensa de las demandas del Polisario y, en cuanto a las declaraciones obtenidas supuestamente de manera ilegal, señaló: «Es ahora que dicen que las confesiones fueron obtenidas mediante tortura y coacción pero sus abogados los asistieron en las confesiones y nunca presentaron denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. Son los presos  mejor tratados en las prisiones marroquíes». El experto mencionó la existencia de informes, además de la supervisión de una organización internacional, que constatan su afirmación. «El juicio es un juicio penal por una causa criminal gravísima en un disturbio público en el que se asesinó a 11 militares y a un civil. Los acusados mantienen una actitud llamativa –a excepción de uno de los detenidos-  en favor del Frente Polisario y buscan convertir en un juicio político el que es un juicio penal por 11 asesinatos».

La defensa de las víctimas

Lorenzo Peñas abogado víctimas Gdim Izik
Lorenzo Peñas, abogado español y profesor en la universidad de Murcia defiende a las víctimas

 

«A mí lo que me interesa saber es si alguno cogió la piedra, se la estampó en la cabeza y le quitó la vida a un gendarme. La motivación que tuvieran para hacer eso me da igual, porque hay una explicación que hemos superado en los sistemas democráticos que es que el fin no puede justificar los medios».

Lorenzo Peñas, abogado español y profesor en la universidad de Murcia defiende el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que el proceso se lleve dentro de un sistema justo, representa a las 11 familias de los militares asesinados, ha trabajado mancomunadamente con los abogados marroquíes de cada familia y a quienes dudan de la veracidad de las denuncias de las víctimas les responde: «vean las imágenes aterradoras de los asesinatos y de los gendarmes muertos […] lean las declaraciones del reconocimiento del asesinato […] frente al cinismo y la falta de humanidad poco más hay que decir». El abogado ha mostrado su confianza en que el derecho de las víctimas será protegido «por primera vez en una causa de esta naturaleza en el Reino de Marruecos».

El jurista precisó que no pueden están en condición de ejercer la acción penal: «Solamente tengo derecho a posicionarme o pedir la acción civil […] Lo único que podemos intentar es que se nos oiga, tener presencia por primera vez en un juicio de esta naturaleza en la historia de Marruecos y luchar por intentar conseguir que haya un procedimiento sobre la responsabilidad civil pero sin que podamos meternos en cuestiones penales. No me puedo meter a proponer penas, a pedir penas o a justificar penas […] En Marruecos la acción penal la ejerce el Ministerio público, el Fiscal General de Estado, que es además el que está subido al estrado, y nosotros simplemente la acción civil». Peñas observó que en el proceso no se está juzgando a saharauis y que no deben mezclarse ni sentimientos ni ideología porque lo que se quiere aclarar son los crímenes cometidos e intentar juzgar a los asesinos de 11 personas. «Me es absolutamente indiferente la nacionalidad o el origen que tengan. Para mí se está juzgando a personas por delitos cometidos en determinadas provincias marroquíes a través del sistema marroquí, que han asesinado a agentes que luchaban y defendían a su país. Estos señores están viviendo en una zona del mundo que se llama el Sáhara, que pertenece a Marruecos y los está juzgando un tribunal marroquí».

Peñas sostuvo que la defensa de los procesados no habla de falta de pruebas, porque las pruebas existen y son contundentes, lo que alegan es que las pruebas fueron conseguidas mediante coacción y tortura. «Lo que dicen es que la pruebas han sido obtenidas de forma ilícita, no que no existan pruebas porque la declaración de cualquiera de los 24 diciendo: “Yo estaba en este camión”, “yo me tiré contra los gendarmes”, “vi cómo le destrozaban la cabeza a uno”, “cogí una piedra” está firmada con nombre y apellido por muchos de ellos. Esta es la prueba más contundente que existe, que es la autoconfesión. Si pretenden demostrar que esta confesión se ha conseguido mediante la tortura, tendrán que demostrar que existió tortura […] Yo he leído las declaraciones de esas personas, se dice y se reconoce con la firma a pie de documento: “A mí me ha dado el Gobierno argelino 200.000 dólares para comprar no sé cuántas jaimas -tiendas de campaña saharauis- y montarlas como situación estratégica para conseguir un fin político” […] pero en los sistemas democráticos el fin no puede justificar los medios […] Ante esta declaración entiendo que la motivación no es la que está en la luz pública, que no es reivindicar los derechos de nadie, que el campamento se montó porque un país estaba interesado, además sacando el dinero de determinados flujos de no sé qué cosas irregulares con un determinado objetivo. Los que fueron a esa reunión en Argelia aprovechando un determinado congreso en determinada fecha, que está todo recogido, en las declaraciones y firmado por ellos, eso no me lo invento yo, dan datos de cuando llegan con quién se reúnen, con que finalidad».

¿Qué reclaman las víctimas?

Familias víctimas de Gdeim Izik
Familias de los militares asesinados en campamentos de Gdeim Izik exigen justicia

Los familiares de las víctimas –que no tuvieron oportunidad de intervenir en el juicio militar- pretenden hacerlo ahora en el juicio civil, señalan que no quieren venganza. Aspiran a obtener la verdad de los acontecimientos, justicia por sus hijos asesinados y, en algunos casos, reparación económica. El proceso civil les ha posibilitado expresarse y desahogarse, afirman que más allá de la compensación económica les mueve la búsqueda de la verdad y el interés de un juicio justo, así como su esperanza en una sanción proporcional a los crímenes cometidos, desaprueban el proceder de la defensa de los acusados y de algunos “observadores” que, según las víctimas, no son tal, para ellos hacen parte de la defensa de los detenidos.

Ahmed Atertour, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de las víctimas de los campamentos de Gdeim Izik, dirigió en los últimos días, una comunicación al ex primer ministro portugués António Guterres, flamante Secretario General de las Naciones Unidas. Atertour le solicitó una entrevista a la vez que le informó la evolución del proceso judicial que se adelanta en Rabat y expresó –en nombre de la organización que representa- la confianza en la independencia de la justicia marroquí. La Asociación espera que Guterres pueda conocer el material gráfico que hacer constar los eventos ocurridos así como los resultados de los exámenes médicos practicados a los acusados -realizados a petición de la defensa de los procesados-.

Para las familias de las víctimas, la denuncia de tortura y coacción de los detenidos, carece de validez porque en las actas de las declaraciones de la mayoría de los procesados –que fueron realizadas durante el examen en presencia de su defensa y ante el juez de instrucción- no se registró la coacción que afirman haber padecido ni tampoco las secuelas de la supuesta tortura. Se expresó, además, que la defensa de los acusados ha obstaculizado los derechos de las víctimas para constituirse como parte civil y se llamó la atención sobre la negativa de los detenidos para responder a la defensa de las víctimas sobre las circunstancias de los crímenes cometidos contra sus hijos, observando que los abogados de la defensa han tratado de politizar el proceso judicial alegando que sus representados son “presos políticos”. El representante de la Asociación consideró que los acusados no son perseguidos por sus opiniones políticas sino que enfrentan un proceso ante la justicia por unos delitos y –en ese sentido- la sanción debe ser proporcional a los crímenes cometidos: «asesinato premeditado, mutilación de los cadáveres y complicidad para la comisión de los crímenes».

Las familias de los militares asesinados se sienten revictimizadas. No solo perdieron a sus hijos también han tenido que presenciar la evasión de la comunidad internacional para cumplir sus compromisos teniendo como premisa la carta de derechos humanos. La Asociación espera ser recibida por el nuevo Secretario de las Naciones Unidas.

 Alcance y repercusión internacional del proceso judicial

El pasado mes de marzo, medios españoles informaron que la Asociación de Abogados Saharauis en España (Aprase) solicitó a la Audiencia Nacional investigar los hechos de Gdeim Izik, considerando tanto el control que otrora ejercía España –sobre el territorio en que tuvieron lugar los eventos citados- como el hecho de que diferentes causas en relación con el Sahara Occidental cursan en la Audiencia Nacional.

José María Gil Garré
El analista de seguridad y co-director del think tank español, International Security Observatory, José María Gil

A este respecto, José María Gil, afirmó que esa es una causa criminal que sigue su curso en un Tribunal de Justicia del Reino de Marruecos porque es Marruecos el administrador del territorio donde tuvieron lugar los hechos. «Este es un territorio que está bajo autoridad y administración marroquí desde 1975 y desde entonces se aplica la justicia marroquí. Por lo tanto, los abogados que defienden a los acusados están en la dinámica de la reclamación política del Frente Polisario y quizá de los intereses de Argelia más que en la defensa de los propios acusados. Acusados que salen gritando –durante el juicio civil- con vítores a favor del Polisario. Estamos hablando de individuos que –sean o no culpables no lo sabemos hasta que se emita sentencia- se manifiestan como individuos vinculados a este movimiento guerrillero que en España causó unas 300 víctimas hasta 1985, víctimas que han sido reconocidas por la legislación española como víctimas del terrorismo».

Organizaciones en España también se posicionaron sobre el proceso que tiene lugar en Rabat, rechazando el accionar terrorista del Polisario y en respaldo de las víctimas, así lo expresó el presidente del Fórum Canario Saharaui, Miguel Ángel Ortiz, quien destacó que los 11 militares marroquíes fueron «asesinados a sangre fría cuando no estaban armados, y cuando cumplían con las misiones del mantenimiento del orden, durante el desmantelamiento del campamento, el 8 de noviembre del 2010. Hechos que fueron filmados por 7 cámaras de las fuerzas del orden, más una octava cámara por teléfono». El presidente de dicha organización enfatiza que se ha reeditado el sufrimiento de las víctimas con la «conducta indigna de los acusados [que han] rechazado que el tribunal difunda las imágenes de sus monstruosos hechos criminales, pero no se puede ocultar lo que obviamente se ha mostrado y divulgado por todos los medios de difusión y que ha escandalizado a observadores internacionales y juristas que no se habían hecho eco anteriormente».

Miguel Ángel Ortiz
Miguel Ángel Ortiz, Presidente del Fórum Canario Saharaui

Ortiz sostuvo que los «execrables crímenes que fueron cometidos por elementos entrenados en los métodos más inhumanos, han querido ser politizados y pretendido presentar ante la opinión internacional, como la situación de un pueblo que se encontraba viviendo la libertad, disfrutando de su cultura y sus tradiciones y compartiendo la acampada, pero las imágenes aterradoras de los asesinatos y de los gendarmes muertos, y las declaraciones del reconocimiento del asesinato, no han podido dejar lugar a dudas el odio y el ensañamiento empleado en sus acciones sádicas y terroristas». Por último, el representante de esa organización destacó que «la celebración de las audiencias públicas y la garantía a los acusados de todos sus derechos en un juicio equitativo muestran que Marruecos es un Estado de derecho con un sistema jurídico justo y fiable, como así lo han reconocido organizaciones y juristas de reconocido prestigio que asisten en la causa».

 

Clara Riveros

CPLATAM -Análisis Político en América Latina- 

Abril, 2017

 

 

Documentos relacionados

 

*Consideraciones del Fórum Canario Saharaui- El proceso de Godeim Izik

 

*Correspondencia Asociación de familiares y amigos de las víctimas de Gdim Izik  y solicitud de entrevista al Secretario General de las Naciones Unidas

 

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