Exasambleísta, periodista y activista tienen 30 días para pagar indemnización a Presidente

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07/04/2015

El 27 de marzo de 2015, el juez nacional Luis Enríquez dio un plazo de 30 días para que el exasambleísta Cléver Jiménez, su asesor, el periodista Fernando Villavicencio y al activista Carlos Figueroa paguen al presidente Rafael Correa la suma de USD 140 mil como indemnización y se disculpen públicamente, según publicó diario El Universo.

Los tres fueron acusados de injurias en un juicio particular iniciado por el Primer Mandatario y sentenciados a prisión. Sin embargo, Jiménez y Villavicencio permanecieron, hasta antes de la prescripción de su pena, en la clandestinidad, mientras que Figueroa ya cumplió su pena de seis meses y goza de libertad.

Ahora, Jiménez, Villavicencio y Figueroa deberán pagar el monto que se fijó en sentencia como indemnización, de no hacerlo, Caupolicán Ochoa, abogado del Presidente ya advirtió en una entrevista que realizó a ese rotativo, que “el juez que juzgó tiene la obligación de ejecutar lo juzgado” y que eso significaría desde la incautación de bienes de los acusados y hasta un nuevo juicio penal por quiebra fraudulenta.

Cabe recordar que el pasado 14 de enero de 2014, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional negó el recurso de casación que interpuso Jiménez, Villavicencio y Carlos Figueroa, y ratificó la sentencia de la jueza Lucy Blacio, quien en abril del 2013 los declaró culpables del delito de injuria contra el Presidente Rafael Correa. Blacio sentenció a Jiménez y Villavicencio, en calidad de autores materiales, a 18 meses de prisión, mientras que la condena de Figueroa –quien ya cumplió su pena- fue reducida a seis meses. Sin embargo, el 26 de agosto de 2014, la jueza Blacio modificó la pena por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y bajó la condena impuesta a 12 meses. Tras salir a la luz pública, Jiménez y Villavicencio aseguraron sentirse más fortalecidos de la experiencia y anunciaron que continuarán denunciando la corrupción en el país.

El caso se remonta a 2011, cuando Jiménez, Villavicencio y Figueroa pidieron investigar al Presidente Correa por su participación en los hechos del 30 de septiembre del 2010. Esta denuncia fue desechada y calificada de maliciosa y temeraria por el Fiscal, sin que se llegara a investigarse.

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