Este gobierno demolió al Estado

En declaraciones recientes, Mauricio Macri se pronunció en favor de la Asignación Universal por Hijo y afirmó que no privatizará ni YPF ni Aerolíneas. Son declaraciones sensatas y hasta obvias. La AUH -un proyecto de E. Carrió- es una medida que tiene amplio respaldo, especialmente porque, a diferencia del resto de los subsidios, la universalidad la pone fuera del alcance del aparato político.

Aerolíneas e YPF fueron privatizadas por los peronistas y estatizadas luego por los mismos peronistas, generando en ambos casos buenos lucros prebendarios. Lo mejor que se puede hacer por ellas es dejarlas en paz, reordenarlas y ver más adelante. Por otro lado, con estos anuncios Macri da una señal de la prudencia con que se manejaría si llegara al gobierno, y aventa la estereotipada imagen de privatista ideológico instalada en mucha gente, no solo oficialista.

De inmediato los kirchneristas declararon que Macri había cambiado el discurso, adoptando el “proyecto” y el “modelo”. Son chicanas electorales, que no darían para mucho comentario si, a la vez, no reflejaran un malentendido que tampoco es exclusivo de los K, pues muchos periodistas independientes se sumaron a esa explicación. En el fondo, muchos creen que el kirchnerismo, a diferencia del menemismo, reconstruyó el Estado y desarrolló políticas estatistas.

En realidad es al revés. El kirchnerismo completó la destrucción del Estado iniciada por el menemismo, lo fragmentó y desarticuló, utilizando cada parte como instrumento de un gobierno hipertrofiado. Los mismos políticos participaron de ambos gobiernos, con una coherencia que habitualmente no se subraya. Los golpes contra el Estado hicieron crecer a los gobiernos discrecionales y arbitrarios, y en ese aspecto Menem y los Kirchner se parecen mucho. Tratando de liberarse de controles molestos, ambos avanzaron sobre los fundamentos jurídicos del Estado, que según la Constitución se asienta en el gobierno de la ley y en las instituciones republicanas.

El avance del Ejecutivo comenzó con Menem y las leyes de emergencia y culmina en nuestros días con el ataque a la Justicia de Cristina Kirchner, quien ha agregado una novedad discursiva: el avasallamiento se justifica en nombre de una legitimidad que los votos conceden irrestrictamente al presidente. El gobierno discrecional se ha devorado al Estado, el gobierno de la ley retrocede y reina la inseguridad jurídica.

Por el mismo proceso, el gobierno avanzó sobre la administración del Estado, esto es las agencias, oficinas y dependencias encargadas de la gestión de gobierno y poseedoras del saber técnico acumulado por una burocracia experta. El manejo político de la administración no es nuevo, pero con los K. la diferencia es más que cuantitativa. Desde el caso del Indec hasta la reciente colonización de los ministerios por La Cámpora, este gobierno completó la demolición estatal.

Quienes se quejan por una excesiva intervención estatal deben fijarse si se trata de un Estado en forma, con sus regulaciones y controles, o simplemente de una pieza suelta, como la AFIP o la SIDE, utilizada por un gobierno que ya ha transpuesto los límites de la ley. Quienes piensen que con los K el Estado estuvo activo deben mirar las realizaciones, muy inferiores a los anuncios e inauguraciones.

En estos doce años la gestión fue mala o pésima, con casos extremos y muy costosos, como el déficit energético. La incapacidad administrativa se entrelazó con una corrupción convertida en régimen cleptocrático, pues el gobierno promovió especialmente aquellas iniciativas que más “retornos” les generaban. Solo una combinación de pésima gestión y alta corrupción puede explicar la situación a la que llegó Aerolíneas.

La reconstrucción del Estado es la prioridad de un gobierno que se proponga el cambio. En primer lugar tendrá que mostrar con claridad que se propone restablecer el estado de derecho y encarar la reparación institucional. Necesita generar un shock de confianza, pues las urgencias de todo tipo reclamarán una alta dosis de ejecutividad. Es probable que, al menos por un tiempo, recurra a los decretos de necesidad y urgencia, legales pero ajenos a las buenas prácticas republicanas, de modo que debe quedar muy clara cuál es su intención general.

Por otro lado, el nuevo gobierno deberá mejorar sustancialmente lo que Macri denominó la administración. Habrá que recuperar a los funcionarios capaces -muchos se fueron, pero otros permanecen, arrinconados- y devolverle la normalidad a las oficinas y agencias que saben cómo hacer las cosas. Este ha sido un punto fuerte en la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, de modo que hay pocas dudas sobre sus intenciones.

La capacidad de gestión y la seguridad jurídica son los pilares de un Estado en forma. No hay manera de atacar seriamente problemas como los de la pobreza sin la herramienta estatal. La declaración de Macri coincide con lo que, más explícitamente, han dicho Sanz y Carrió. Señalar los problemas del Estado y de su administración hará más nítida la opción electoral y permitirá elevar el nivel y calidad de la propuesta.

La cuestión de la mala gestión llevará a la corrupción cleptocrática, que no se soluciona solo con el castigo del delito, pues medio país transita hoy por la zona gris de la ley a medias y el amparo prebendario. A la vez, permitirá identificar claramente a quienes han llevado al país a esta situación deplorable. Hoy nutren las boletas electorales del oficialismo, comenzando por el candidato a presidente.

Cuando hayamos llegado a la situación de tener un Estado básico y normal, con respeto a la ley y funcionarios capaces y capacidad para controlar al gobierno, podremos comenzar la segunda discusión: pensar qué otras cosas debe hacer el Estado.

Por ejemplo, discutir hasta dónde su acción se ajustará a la lógica del mercado y cuándo deberá intervenir en función de otros aspectos del interés general, como la equidad. En los países normales estos son los temas que se discuten. Nuestra prioridad hoy está en llegar a la situación de poder discutirlos. Y para eso necesitamos rehabilitar al Estado, que los gobernantes kirchneristas han destruido sistemáticamente.

Luis Alberto Romero, Socio del CPA

Los Andes, 2-8-15

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