En Ecuador, “no hay ningún atentado a la libertad de expresión”

Hernán Reyes, académico ecuatoriano y miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, expuso hace unos días en la Universidad Nacional de Colombia el alcance de la Ley Orgánica de Comunicación, en el conversatorio: “La Ley de Comunicación y las luchas por la democratización de este campo en el Ecuador”. La Ley Orgánica de Comunicación fue promulgada en junio de 2013. Hace pocos días, la Corte Constitucional negó las tres demandas de inconstitucionalidad que se habían presentado el año pasado. La Corte realizó cambios menores en dos artículos y en la interpretación de un tercero.

Reyes destacó la “lógica perversa del capitalismo” como la causante de los cierres de medios de comunicación, sumado a las malas administraciones y no a la Ley como han denunciado los medios. Afirmó que “no hay ningún atentado a la libertad de expresión”. Según él se conoce poco y mal el sistema de comunicación de Ecuador, ha habido un “gran lobby internacional” para desprestigiar la Ley y en general, el proceso de reforma estructural del país, mediante la radical oposición de organizaciones como la SIP, ANDIARIOS y en menor medida Reporteros Sin Fronteras y Human Rights Watch. Reyes narró el proceso que se siguió para llegar a la Ley y a la creación de las dos instancias para la aplicación de la misma. Las salidas en público de los funcionarios de esas instancias evidencian la estrecha correspondencia con el Ejecutivo y permiten desconfiar de la neutralidad de esos organismos.

El expositor admitió que el proceso para llegar a la sanción de la Ley no fue fácil, dado el elevado clima de polarización y el “boicot” que hicieron “medios opositores” o “poderes fácticos” y los sectores de la oposición para evitar su aprobación. Se han impartido toda clase de ideas parcializadas, “etiquetas negativas” y estereotipadas. “No es una ley mordaza, no atenta contra la libertad de expresión, pretende democratizar”, a partir de la distribución del espectro radiofónico, pero también desde el ejercicio pleno de derechos ciudadanos, “que van más allá de la concepción liberal de la libertad de expresión”.

La Ley no sólo se ocupa de regular el otorgamiento de las licencias, sino también de los contenidos. La “concentración de la propiedad” impedía la libre expresión, ahora el “buen vivir” la posibilita. Los medios incautados y convertidos en públicos “han ganado mucha audiencia” y “la polarización ha promovido el pluralismo informativo”, por ejemplo en la prensa, El Telégrafo frente a los diarios privados. “Hay un creciente empoderamiento de la ciudadanía”. Los medios privados “se están adaptando y están entendiendo que deben adaptarse”, pero “la academia está muy ajena de ese proceso”.

El presidente Rafael Correa, desde su ascenso al poder ha venido cambiando las reglas de juego con el fin de cooptar los poderes del Estado. Los cambios no van a parar. El presidente que fue re-reelecto en 2013 ya lanzó su campaña. De cara a 2017 se harán las reformas constitucionales necesarias, la alternancia en el poder, según expresó el mandatario, es pura “teoría burguesa”.

En días pasados un alto funcionario del gobierno hablaba de la información como “producto estratégico” y reconocía las grandes carreteras de los dictadores Franco y Mussolini cuando le mencionaron que también ellos convirtieron la comunicación en servicio público. La polarización ha sido una constante durante toda la gestión del presidente Rafael Correa, siendo ésta una parte fundamental y constitutiva de su estilo para gobernar. Al correísmo le molesta la denominación de la Ley como “ley mordaza”, pero incluye entre sus polémicos artículos una figura denominada “linchamiento mediático”, que invita de forma clara a la censura previa. Reyes señaló estar en desacuerdo con la figura del linchamiento mediático, tanto en su enunciado como en su aplicabilidad, él considera que por la misma formulación es inaplicable.

El Relator Especial de Naciones Unidas Frank la Rue y la Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH Catalina Botero, han reconocido que los Estados deben tener un papel activo y regular y, consideraron como positiva en su planteamiento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, ¿Podrían tener razón cuando alertan sobre la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador? La respuesta en ese sentido apuntó a decir que son ellos los equivocados.

Sin embargo, el papel de Frank la Rue ha sido a su parecer más equilibrado pese a ser un crítico de la Ley, especialmente, en la regulación de la prensa. Le resulta inadmisible el papel desempeñado por Catalina Botero que pasó de tener una mirada crítica a ocupar una posición cada vez más parcializada y de “desmesura absoluta” cuando afirmó hace unos meses que “Ecuador después de Cuba es el país más restrictivo” en cuanto a libertad de expresión. Explicó la “mutación” de Botero debido al lobby audaz de la organización Fundamedios que ha adelantado una “oposición activa”, de la SIP y del Colegio de Periodistas. El descrédito a Fundamedios incluyó el reiterado discurso presidencial encaminado a cuestionar que obtiene recursos de USAID y por eso sus denuncias no son válidas.

Entusiastas del discurso esbozado por Reyes plantearon la doble moral de la Relatoría de la CIDH. No es la Relatoría la que decidió actuar y expedirse sobre lo problemática de la Ley de Comunicación sino que a partir de las denuncias que se presentan, la CIDH está obligada a dar trámite y a recordarle a los gobiernos las cláusulas y convenciones que han suscrito y también a hacerles saber, cuando violan la normatividad internacional. La Relatoría cumplió con las funciones que le competen, frente al avance de los gobiernos autoritarios de la región que han pretendido desaparecerla y donde Ecuador ha jugado un papel clave en cabeza de su presidente Rafael Correa y del canciller Ricardo Patiño.

¿Quién regula los exabruptos presidenciales cuando hasta un caricaturista y el diario que lo publica son sancionados pero el presidente descalifica a quien quiera? Reyes señaló que eso es lo que dicen los diarios ecuatorianos, señaló estar en desacuerdo con la sanción a Bonil pero llamó la atención sobre el “lobby” hecho por el caricaturista para “victimizarse”.

La palabra lobby salió a relucir muchas veces, pero en cambio, no hubo una sola mención a los millones de dólares que invierte el gobierno ecuatoriano en firmas de relaciones públicas en Estados Unidos para mejorar su imagen en el exterior. ¿Sí Bonil sigue tan aterrorizado por qué sigue haciendo las caricaturas qué hace? cuestionó Reyes, a la vez que legitimó el discurso autoritario del presidente Rafael Correa al considerar que en el marco de esa “lucha política” que se adelanta en el país, el presidente no podía llevar “flores” para avanzar en las reformas y que los logros alcanzados no habrían sido posibles de otra manera, concedió que puede haber necesidad de modular el discurso gubernamental pero para él está fuera de discusión que, “los medios afectan la gobernabilidad”. El presidente Rafael Correa ha sido víctima de las circunstancias.

Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy (SAH)
Viernes 26 de septiembre de 2014

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