El Nunca Más que algunos quieren olvidar

Desde la madrugada del 23 de octubre de 1976 en la que un grupo de tareas se llevó de nuestra casa a nuestro hijo Pablo, no sólo aprendimos a convivir con el dolor más extremo sino también con el despojo de ciudadanía con el que quería arrinconarnos la dictadura. Ni Pablo ni nosotros, su familia, teníamos derechos. Las agencias e instituciones gubernamentales que debían garantizárnoslos los habían confiscado y nos enfrentaban, una y otra vez, a esa realidad. La policía no recibía nuestras denuncias, los jueces rechazaban nuestros hábeas corpus. Como otros miles de desaparecidos y sus familiares éramos NO ciudadanos en nuestro país.

En tanto, se multiplicaban las operaciones de los grupos de tareas, los secuestros, las prohibiciones, las demandas de verdad y justicia, el gobierno de facto se jactaba de haber impuesto el orden y de respetar la ley. Pero cuando se lo interpelaba desde la calle sobre el destino de los desaparecidos, respondía que estaban en otro país, Angola, Palestina, Cuba, entrenándose para la lucha subversiva o que se habían ido de su casa “con alguna chica”- como me “explicó” a mí un tal “capitán Fernández” en el Ministerio del Interior exhibiendo un arma sobre su mesa. Las “madres locas” o los agitadores del exterior inventaban las denuncias para desprestigiar a la Junta Militar que se esforzaba por demostrar que los argentinos y su gobierno de entonces éramos “derechos y humanos”.

¿De qué pasado veníamos cuando el 24 de marzo de 1976 se instaló, con apoyo de buena parte de la sociedad, esa nueva dictadura que pasará a la historia como la más brutal que avasalló al país? Desde 1930 en adelante las instituciones de la República fueron objeto de seis golpes de Estado todos ellos con abundante consenso de la sociedad. Después del golpe militar  de 1955, asistimos a 18 años de caducidad del peronismo como partido político junto al intento de eliminación hasta de la identidad peronista. En los estallidos de los “caños” oímos surgir la resistencia peronista en 1956 y tres años después, en 1959, nos enteramos del triunfo de la revolución cubana y vimos a Juan XXIII, el “Papa Bueno”, inaugurar el Concilio Vaticano II. En los años  60 nos sorprendió el crecimiento de actividades protagonizadas por grupos de jóvenes, chicas y muchachos, fuertemente influenciados por esos dos acontecimientos. Con los ojos puestos en el foquismo  guevarista o en un Perón revolucionario por cuya vuelta del exilio valía la pena luchar, fueron creciendo organizaciones armadas objeto de la intensificada represión. Buena parte de la sociedad partida con el concepto violento de amigo-enemigo: aquel que no está conmigo está en contra mío.

El “luche y vuelve” de la JP se hace realidad. Perón llega y es elegido en 1973 Presidente de la Nación con el 62% de los votos. Pocos días después se acabó la tregua y se reanudaron las acciones armadas. De un lado, ataque a un cuartel y asesinato de Rucci y del otro, organización de la siniestra Triple A. Incrédulos todavía de que pudiera pasar lo que se vivía entonces, muere Perón, gobierna su mujer, Isabel Perón, débil y desorientada hasta que, una vez más, asistimos a un nuevo golpe militar, 1976, esta vez el más anunciado de la sucesión de interrupciones de los procesos democráticos del país a través de 46 años.

En este nuevo aniversario de aquel 24 de marzo, no estaría nada mal que fuera el día del NUNCA MÁS. Eso le dijimos en 1983 cuando votamos investigación y castigo a los crímenes del terrorismo de Estado. Entonces, no recuperé a Pablo pero sí mi condición de ciudadana que pudo recurrir a la justicia en nombre propio y en el de su hijo. Haber pasado por la situación de NO ciudadana me sensibilizó por el despojo de que son objeto aquellos que nacen y viven destinados a estar unidos a la democracia sólo por “el delgado hilo del voto”. El acceso a la educación, la salud, la posibilidad de trabajar, de habitar techos y paredes dignos, son también derechos humanos. No está mal recordarlo. Por otra parte, en estos tiempos, en democracia, con un gobierno legal y legítimo, volví a recordar aquellas ominosas expresiones: “por algo habrá sido”, “en algo habrá andado”. Y reclamo, como lo hice entonces, que esperar que los funcionarios responsables de la investigación de los delitos de los que seamos víctimas se hagan cargo de sus obligaciones sin intentar difamarnos para evitar incomodidades, es un derecho.

Graciela Fernández Meijide, Socia del CPA

Clarín, 22-3-15

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