El juicio a los empresarios

El gobierno es consciente que la clave del postconflicto es llevar el estado a las regiones. Así lo ha hecho saber en numerosos foros y declaraciones. Sin embargo, llevar el Estado a las regiones no es una tarea que dependa solamente de su voluntad. Si algo muestra la experiencia occidental es que es de la interacción entre los propietarios del capital y quienes detentaban el poder político de donde surge el Estado. Y no cualquier tipo de estado, sino las modernas democracias.

Los empresarios son importantes porque además de llevar las inversiones y el conocimiento de actividades económicas que de otra manera no ocurrirían, redefinen las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. La moderna empresa capitalista supone unos límites a eventuales decisiones arbitrarias del Estado. A su vez supone que los empresarios tienen que respetar unas reglas del juego iguales para todos y para sus trabajadores. Otro tipo de actividades económicas no suponen instituciones de este estilo.

El narcotráfico y la minería ilegal, por ejemplo, son empresas económicas en que quien ejerce la autoridad impone a la brava las reglas del juego. Si una región depende de estas economías, la ley de los empresarios criminales se extiende al grueso de la sociedad.

Por eso es tan importante llevar a los empresarios a las regiones: hacen que las instituciones del Estado sean coherentes con la vida económica local. Sin ellos las leyes del Estado en una proporción importante pueden no tener sentido puesto que son leyes que no garantizan la provisión de las necesidades materiales de la población.

En ese sentido es preocupante el mensaje de Sergio Jaramillo en la Cámara de Comercio cuando habló del juicio que espera a 13.000 empresarios por vínculos con paramilitares. Es cierto que un gran número de empresarios pagaron por protección frente a la insurgencia. Pero de allí a concluir que existió un plan deliberado del sector empresarial para crear el paramilitarismo hay un abismo. En la mayoría de los casos fue una extorsión, un pago obligatorio para que su patrimonio y sus trabajadores no fueran atacados. Podría deducirse lo mismo con la guerrilla. Antes de pagarle a los paramilitares los empresarios pagaban a la guerrilla y no por ello podría acusárseles de ser los cerebros detrás de la insurgencia en Colombia.

El mensaje de Jaramillo puede comprenderse como un llamado, en tono de amenaza, a los empresarios para que respalden una justicia transicional laxa con las Farc. Pero el gobierno a veces parece comprar la tesis de la izquierda radical que el paramilitarismo fue una creación de empresarios para reprimir violentamente las reivindicaciones de obreros y campesinos. Los mete en un mismo saco con empresarios del crimen como los Castaño.

Lo peor es que ese mensaje si algo crea es resistencia entre los empresarios a invertir en las regiones donde se necesita llevar el estado. El gobierno se pega un tiro en el pie cuando no se planta y establece públicamente cuál va a ser su posición al respecto:

¿Va a tratar al sector empresarial como un perpetrador de la guerra o como un sector obligado por las circunstancias a pagar una extorsión? Y no toda la culpa de esta ambigüedad es del gobierno, los empresarios no han hecho el menor esfuerzo por construir su versión de la historia. Creen que con el discurso de la responsabilidad social empresarial es suficiente.

Gustavo Duncan

El País, (Cali). Mayo 30, 2015

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