El caso de la embajadora sin credenciales y la bochornosa diplomacia del Polisario

Por Jamal Eddine Mechbal*

Los embajadores de los países respetuosos con el derecho internacional como el cuerpo diplomático acreditado en diferentes países del mundo se encontrarán, sin duda alguna, atónitos ante los hechos acaecidos en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima (Perú). Un caso insólito y sin precedentes en los anales de las relaciones internacionales que causa tanta sorpresa como indignación por la vejación al honorable cargo diplomático usurpado por miembros del Frente Polisario que responden a Argelia mediante su virtual y fallida república autodenominada RASD.

Jadiyetu El Mohtar, Frente Polisario
Jadiyetu El Mohtar, Frente Polisario

Los protagonistas de este evento, a saber: el estado peruano y la organización político-militar Frente Polisario, un movimiento armado y financiado por Argelia que disputa a Marruecos el territorio del Sahara con la intención de obtener una salida al Océano Atlántico. El teatro de los acontecimientos: el Aeropuerto Jorge Chávez en Lima (Perú). La actriz principal: una señora que dice llamarse Jadiyetu El Mohtar y se presenta con dos identidades contradictorias e irreconciliables. Jadiyetu El Mohtar es, por un lado, una ciudadana de nacionalidad española que se identifica con pasaporte español y que al llegar a Perú como turista es sometida -como cualquier extranjero- a las normas y leyes del país que visita y, por el otro, dice ser “embajadora” de un “Estado” que no es el español y que además no es reconocido por el Perú. Las relaciones diplomáticas entre Estados se rigen normas estipuladas por el Convenio de Viena de 1961.

Las leyes del Perú, como en la mayoría de los países, exigen al extranjero que entra al país respetar el motivo declarado a su llegada. Si entra como turista no puede dedicarse a otras actividades como trabajo, comercio, política u otras. Infringir estas normas es burlar la ley y el fraude conlleva al castigo y a la expulsión. La “embajadora” en cuestión, entró a Perú en diferentes ocasiones como ciudadana española para hacer turismo pero en realidad se dedicó a otras actividades arguyendo que es ciudadana de otro territorio que no es el español. Sus actuaciones y actividades de estuvieron orientadas a dañar los intereses del Perú que mantiene relación con Marruecos. Jadiyetu El Mohtar violó su status de turista gracias al cual pudo entrar a Perú. Su ingreso a ese país se orientó al fraude, probablemente en detrimento de los intereses de España país al que pertenece, para servir a intereses ajenos y dañar las relaciones que Perú mantiene con un país amigo como Marruecos y en representación de un ente que el Perú no reconoce.

Para que la señora en cuestión sea considerada embajadora y obtenga el trato que corresponde a los diplomáticos es indispensable referir el Convenio de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas. Un instrumento que reglamenta las relaciones entre los Estados soberanos e independientes y establece los requisitos y las condiciones para sus representantes. Entre los requisitos, el primordial, lo establece el artículo 2°: “El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se hacen por consentimiento mutuo”. El Perú no solo no consintió el establecimiento de relaciones sino que no reconoce a la parte que supuestamente acredita a la “embajadora” en cuestión.

La república del Perú reconoció a esa entidad (la RASD) en 1984 pero en 1996 retiró el reconocimiento. Los “juristas” de esa entidad a menudo tuercen el derecho internacional para darle la lectura más conveniente a sus intereses aunque su interpretación sea errónea. De tal modo, pretenden que no cabe retirar el reconocimiento una vez que se ha reconocido a un Estado y, para ello, se basan en la Convención de Montevideo del 26 de diciembre de 1933 sobre Derechos y Deberes de los Estados que, dicho sea de paso, la virtual “RASD” no ha firmado.

Dicha Convención determina en el último párrafo del artículo 6° que: “el reconocimiento (de un Estado) es incondicional e irrevocable”. Sin embargo, estos activistas devenidos en juristas sustraen la frase y deciden ignorar el resto del párrafo y de la Convención. El párrafo se refiere al Estado soberano e independiente como afirman los tratadistas del derecho internacional. De hecho, el artículo 1° estipula que el Estado debe reunir una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con otros Estados. Son condiciones que no reúne la virtual “RASD” que se encuentra sobre un territorio ajeno prestado por Argelia y solo dispone de una parte de población no permanente, sin ser censada ni identificada. La autodenominada RASD fue creada por un movimiento armado que obedece en todos los aspectos a Argelia y a sus intereses y aún reclama el territorio del Sahara Occidental marroquí que Marruecos considera suyo. La Organización de las Naciones Unidas anima a Marruecos y al Polisario -pues la RASD no es reconocida en Naciones Unidas- a negociar con un espíritu realista la búsqueda de una solución justa y duradera. Para ello Marruecos presentó la propuesta de autonomía como la única solución realista posible y el propio Consejo de Seguridad de la ONU la acogió con satisfacción.

Otro de los requisitos según el artículo 4° de la Convención es la obligación de la parte que acredita de asegurarse antes del envío de su embajador que éste haya recibido la acreditación. Es decir que el acuerdo y consentimiento del país adonde se envía el embajador es indispensable. No existe ninguna constancia de que se haya enviado al gobierno del Perú alguna correspondencia en este sentido. Además, en este caso concreto, debería de ser precedido por una declaración conjunta o un comunicado anunciando un nuevo reconocimiento y restablecimiento de relaciones diplomáticas. En la segunda línea del mismo artículo 4° se afirma que si el país donde se acredita rechaza al mencionado embajador no está obligado a dar razones, ni explicaciones sobre su rechazo.

De otra parte el artículo 9° estipula que el Estado donde se acredita a un embajador u otro diplomático tiene el derecho en cualquier momento a declararles persona no grata incluso antes de su llegada y entrada al país. En el artículo 13° del convenio citado, un embajador empieza su misión desde el momento en el que presenta sus cartas credenciales y es recibido por el jefe del Estado o cuando notifica su llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores con las copias correspondientes de las cartas credenciales. La persona del embajador, su misión y su cuerpo diplomático son inviolables y gozan de la inmunidad diplomática y por ello viajan con pasaporte diplomático.

Habrá que precisar que esa organización político-militar (Frente Polisario) ante la ausencia durante más de 20 años de un reconocimiento efectivo y real por parte del Perú a su fallida RASD no tiene tales relaciones diplomáticas y acudió, como hace en varios países, al engaño al enviar falsos embajadores que no reúnen las mínimas condiciones que exige el Derecho Diplomático. Es evidente que varios países que no reconocen a la RASD permiten al Polisario una presencia dentro del derecho interno y no del diplomático, presencia como organización y/o movimiento. Los representantes de esa entidad abusan de la tolerancia que se les concede e intentan crear confusión apoyados por sus simpatizantes y su lobby y se presentan ante la opinión pública o diferentes organismos e incluso a los medios de comunicación con un estatus fraudulento: son activistas no diplomáticos. Esta situación no solo se produce en América Latina sino en diferentes capitales europeas donde también se presentan como “embajadores” o “representantes de la RASD” a pesar de que ningún país europeo reconoce esta virtual república. Incluso cuando el secretario general del Polisario ha visitado algunos países y autonomías de España se presenta como presidente de un Estado que el Estado que visita no reconoce.

La política del Polisario es confundir puesto que la retirada de reconocimiento a su fallida república está en caída libre. Lo ocurrido en el aeropuerto de Lima fue un evento bochornoso de algo nunca visto en el mundo de la diplomacia. En ese aeropuerto se vivieron escenas propias del teatro del absurdo dando lugar a una diplomacia del absurdo y a unas supuestas crisis diplomáticas entre partes que no se reconocen.

En países como Colombia, Ecuador, España y Chile, organizaciones simpatizantes del Polisario han manifestado preocupación y rechazo por la que consideran vejación a la condición diplomática de una representante del pueblo saharaui y señalan que el gobierno del Perú al hacer respetar su ley nacional de entrada de extranjeros a su país atenta contra la imagen del Perú en el exterior. Agencias de información y prensa en Perú mezclan información y opinión para dar cuenta del rechazo de entrada a Jadiyetu El Mohtar. No obstante, queda en evidencia el desconocimiento del tema cuando ignoran que el Polisario es un movimiento armado y que la señora que se presenta como “embajadora” de una república fantasma es en realidad una ciudadana española que no ostenta el estatus de diplomática de acuerdo a las normas del derecho internacional. Algunos titulares corroboran lo anterior:

  • El diario peruano Correo en su edición digital del 10/09/2017 publicó como titular “Embajadora Saharaui fue retenida en el aeropuerto Jorge Chávez. La Diplomática llegó al Perú por invitación. La Policía la retuvo por una supuesta prohibición de ingreso”.
  • La página digital “Peruinforma” del 11/09/2017 publicó: “Vejan a la embajadora saharaui Jadiyetu el Mohtar en aeropuerto peruano – Vergonzosa actitud de Gobierno del Perú”.

En España, con cierta imparcialidad, el diario ABC y la Vanguardia, en sus ediciones del 10-09-2017, basándose en la Agencia EFE, titularon:

  • “Denuncian que representante saharaui está retenida en Perú para deportación”.
  • La versión de los hechos presentada por ABC fue la siguiente: “La denominada embajadora de la República Arabe Saharahui Democrática (RASD) en misión especial en Perú, Jadiyetu El Mohtar, no pudo entrar en Lima y está retenida desde ayer en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para tramitar su deportación”. El rechazo de entrada al Perú obedece a la “violación de su estatus migratorio”, según reconoció un denominado “consejo peruano de solidaridad con la República Árabe Saharahui Democrática” en un comunicado. ABC ofreció una de las múltiples versiones inverosímiles dadas por la propia “embajadora no acreditada”. El Mohtar “tenía previsto entrevistarse con el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, tal como supuestamente acordó con el mandatario de la RASD, Brahim Gali, en mayo pasado en Quito, en la toma de poder del gobernante ecuatoriano, Lenín Moreno”. ABC, citando fuentes de la Cancillería peruana, observó que: El Mohtar “a quien el Estado peruano no reconoce como embajadora realizó actividades proselitistas con el visado de turista durante los últimos viajes hechos este año a Perú”.

Fuentes de la Cancillería peruana informaron al diario Perú.21 que Jadiyetu El Mohtar, ciudadana española a quien el Estado peruano no reconoce como embajadora, realizó actividades proselitistas con el visado de turista durante los últimos viajes hechos este año a Perú. Funcionarios vinculados a la Cancillería indicaron que, durante sus últimos viajes y estancia en el país, “la embajadora” había entrado como turista de nacionalidad española pero al llevar a cabo actividades de proselitismo político había infringido las leyes migratorias nacionales.

Con todo lo que precede es comprensible que ningún gobierno aceptaría el ingreso a su país de un ciudadano extranjero para llevar a cabo labores de proselitismo político atentando contra los intereses del Estado y creando dentro del mismo una especie de quinta columna para presionar al gobierno a tomar decisiones no con base en los intereses nacionales sino sirviendo a intereses ajenos. En el derecho nacional de cada país ningún ciudadano extranjero puede ingresar con estatus de turista para realizar actividades ilícitas; tampoco bajo el derecho diplomático -que esa ciudadana española en todo caso no ostenta- se permiten estos comportamientos. Se esperaría que a partir de estos acontecimientos absurdos y surrealistas, las diferentes organizaciones, fundaciones, sindicatos y asociaciones que se apresuran a expresar de forma ligera condenas para unos y solidaridad ciega con otros, consideren los elementos del derecho interno de cada país así como los aspectos mínimos de la normativa diplomática.

*Jamal Mechbal es jurista, ex diplomático marroquí y columnista en medios de España y Marruecos.

Artículo para CPLATAM -Análisis Político en América Latina-

Septiembre, 2017

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