Diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia

Entender el diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia obliga a mirar el curso histórico y político de los acontecimientos. Desde Bogotá se remite al Tratado Esguerra Bárcenas, pero en San Andrés van más atrás, al momento de la adhesión voluntaria a la que fue la Gran Colombia, sin importar su disolución, San Andrés continuó haciendo parte del territorio nacional. Para muchos locales escapa de toda lógica la posición asumida por el gobierno al firmar el Tratado Esguerra Bárcenas en 1930, cuando aceptó ceder un territorio a Nicaragua, fraccionando a San Andrés luego de que éste se había sumado como un todo, comunidades y familias quedaron divididas, separadas por fronteras y países desde entonces. Los isleños y raizales sostienen que todo empezó a estar mal a partir de ahí. Hoy en día y tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, lo último que se percibe es resignación y pese a la distancia en los criterios y posiciones de los isleños respecto al accionar de los múltiples gobiernos, se encuentra una opinión común frente a la no sólo inaplicabilidad del fallo, también a la necesidad de no acatarlo.

El Tratado Esguerra Bárcenas se redactó en 1928 y se hizo efectivo en 1930 a través del Protocolo de 1930. ¿Qué plantea ese tratado? 1. Colombia reconoce la soberanía de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos que va desde el Cabo Gracias a Dios al río San Juan, adicionalmente, la soberanía de las islas Mangle Grande y Mangle Chico. De otra parte, Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés con todo lo que comprende. 2. Se considera que la validez será determinada por los Congresos de ambos países. Hecho que ocurrió, fue ratificado con el Protocolo de 1930 firmado en Managua. Eso permitió dar por terminada “la cuestión pendiente entre ambas Repúblicas, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y la Mosquitia Nicaragüense”, al menos así se entendió de momento y fue validado de forma y de fondo.

Colombia asumió que  a partir de ese Tratado la frontera marítima era el meridiano 82, es decir que su dominio no se extendía más allá de ese punto de referencia y esa era la delimitación fronteriza. Nicaragua no lo interpretó de igual manera y protestó a través de una comunicación oficial de su Cancillería finalizando la década de los sesenta. A inicios de 1980, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua con Daniel Ortega como presidente, decidió desconocer ese Tratado y declaró su nulidad, partiendo del hecho que éste se había firmado cuando Nicaragua estaba ocupada por Estados Unidos, sostuvo también que el Tratado no fijaba límites por lo que se decidió reclamar derechos de exclusividad marítima y se  asumió el rechazo de que el meridiano 82 fuera el límite de la frontera marítima con Colombia. Sin embargo, desde Colombia se han cuestionado esos postulados, un estudio realizado por la Universidad Militar Nueva Granada (2002) afirma que Estados Unidos hizo presencia en Nicaragua en respuesta a la petición del gobierno nicaragüense, que pretendía enfrentar la insurrección Sandinista y, en lo que respecta a las condiciones de negociación del Tratado Esguerra–Bárcenas, no hubo presiones externas que afectaran intereses de las partes.

Nicaragua anuló el Tratado y Colombia asumió ese como un acto unilateral que violaba la legislación internacional. Para 1998 Arnoldo Alemán, presidente nicaragüense, decidió renunciar a un acuerdo bilateral con Colombia. El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua demandó el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, argumentando que, el Archipiélago de San Andrés estaba localizado sobre la plataforma continental nicaragüense, razón tal por la que reclamaba la soberanía de Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés. ¿Qué respondió Colombia? El 21 de julio de 2003 Colombia presentó excepciones preliminares en las que se consideró que antes de la consolidación de Nicaragua como Estado en 1838, Colombia ya ejercía soberanía sobre el Archipiélago, por lo tanto, Nicaragua nunca ha ejercido soberanía sobre el mismo; que la posesión del Archipiélago por parte de Colombia no ha sido producto de un despojo, invasión o ningún acto arbitrario; advirtió que, con la anulación del Tratado, Colombia podría incluso llegar a reclamar la Costa de Mosquitos, o sea, la costa nicaragüense del Caribe que fue cedida por Colombia en el Tratado Esguerra-Bárcenas, pero también podría reclamar mucho más territorio que la Costa de Mosquitos. Acudió al principio “uti possidetis iure” y a otra documentación y argumentación histórica. Es decir, Colombia reconoció la validez del Tratado de 1928 y todos los demás títulos que garantizaban su soberanía sobre el Archipiélago y sobre los límites hasta el meridiano 82 de Greenwich y consideró que la CIJ no tenía jurisdicción para dirimir en un caso que se había definido desde 1928 y que no existía un “diferendo” entre los dos países, sino que era una “reclamación” de Nicaragua. Sin embargo, el tiempo y el fallo de la CIJ dirían otra cosa.

El 13 de diciembre de 2007 la Corte Internacional falló sobre las excepciones preliminares presentadas por Colombia, afirmando que: la soberanía de las tres islas de San Andrés (San Andrés, Providencia y Santa Catalina) quedó zanjada para la Corte de La Haya en el Artículo 1 del Tratado de 1928; por tanto, la Corte no era competente. No obstante, en lo que respecta a la composición del resto del archipiélago de San Andrés, la Corte determinó que el texto del Artículo 1 del Tratado de 1928 no respondía a la cuestión de saber cuáles eran, fuera de las tres islas mencionadas, las formaciones marítimas que siendo parte del archipiélago San Andrés caían bajo la soberanía de Colombia. Por tanto, concluyó que no podía aceptar la excepción preliminar sobre esta cuestión, es decir, que la Corte si tenía competencia en ese punto. En cuanto a la soberanía sobre los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, la Corte precisó que el sentido del Artículo 1 del Tratado de 1928 era claro y no se aplicaba a esas tres formaciones marítimas en cuestión, pero de igual forma, la Corte era competente. En lo que respecta a la competencia de la Corte para considerar la cuestión de la delimitación marítima, la Corte desestimó la pretensión de Colombia de que el Protocolo de 1930 efectuaba una delimitación marítima entre los dos países, concluyó que: ni el Tratado de 1928, ni el Protocolo de 1930 habían efectuado una delimitación marítima entre los espacios marítimos de Colombia y Nicaragua, por consiguiente, la Corte si era competente para resolver ese asunto.

El presidente Álvaro Uribe, tranquilizó al país: “una vez más ha quedado ratificada la unión integral de la Nación colombiana”. El diario El Espectador, bastante más mesurado, señaló en su editorial del 20 de diciembre de 2007: “la única conclusión contundente que se desprende de la lectura del fallo es que las excepciones preliminares se perdieron. No hay que buscar triunfalismos donde no los hay”. El 8 de julio de 2008, Uribe desde su investidura presidencial aprobó una propuesta que planteaba ceder una porción de mar, vital para la pesca industrial, conocida como la propuesta de línea media que sería presentada en el alegato de fondo ante la Corte el 11 de noviembre de 2008, propuesta reiterada en el segundo alegato escrito entregado por Colombia el 18 de junio de 2012, así como en las pretensiones finales del país presentadas durante las audiencias que tuvieron lugar del 23 de abril al 4 de mayo de 2012. 

El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia emitió el fallo correspondiente a la demanda de Nicaragua contra Colombia, en este se estableció que: todo el archipiélago le pertenece a Colombia, por lo cual, es evidente la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia junto con los cayos de Alburquerque, Roncador, Serrana, Bajo Nuevo, Quitasueño y Serranilla. No obstante, la pérdida se dio de manera ostensible en el territorio marítimo en el Mar Caribe, se habló de 75 mil kilómetros, pero hay quienes consideran que pueden ser más y que llegaría a un 43% del territorio marítimo. “Perdimos mucho mar, además de la plataforma marítima. Quedamos con un enclave en San Andrés y en unos cayos”, afirmó el magistrado del Consejo de Estado, Gómez Aranguren, al considerar éstas como realidades consumadas no se pueden hacer calificaciones sobre lo ocurrido, “es una realidad dolorosa”. 

El 27 de noviembre de ese mismo año Colombia denunció ante la OEA el Pacto de Bogotá suscrito en 1948, mecanismo por el que Colombia reconocía la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Tras retirarse del Pacto de Bogotá, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó que “los límites no deben quedar en manos de una Corte (…) dicho principio es compartido por otros países que han tomado la misma posición que hoy toma Colombia”. 

La pérdida es evidente, el fallo es innegable, la molestia es creciente y las culpas han sido repartidas a diestra y siniestra, van desde Carlos Lleras Restrepo por haber ratificado en 1968 el Pacto de Bogotá, pasan por Belisario Betancur y de ahí en adelante a cada presidente le toca lo suyo, ¿gobernaron mirando a otro lado? Al parecer ninguno se hizo cargo con la responsabilidad y seriedad que demandaba la situación. Nicaragua fue mucho más hábil, trabajó en su estrategia durante los últimos 30 años. A los expresidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana les cabe la responsabilidad de no haber abandonado el Pacto de Bogotá cuando lo sugirieron algunos abogados, pero también hay lugar para los tres abogados contratados por Colombia, el australiano James Crawford, el estadounidense Rodman Bundy y el argentino Marcelo Kohen. Al gobierno del presidente Juan Manuel Santos se le cuestionó por no cambiar la estrategia de política internacional frente al litigio, pero algo que no deja de hacer ruido es esa propuesta de la línea media aprobada por Uribe, “allí, justo en el meridiano 82 con el paralelo 15, es donde queda lo que se conoce como “luna verde”, aguas donde se encuentra la langosta que pescan de forma industrial algunas empresas colombianas. En plata blanca, Colombia entregó ese pedazo de mar por el que tanto se lamentan ahora”. ¿El país es consciente de la dimensión del fallo?

En septiembre de 2013, el presidente Juan Manuel Santos se refirió al fallo y a las medidas y disposiciones que tomó para hacer frente a la situación. En lo inmediato, el gobierno destinó un plan de inversiones sin precedentes para la isla, según se afirma en los canales oficiales, las inversiones, “duplican la inversión anual histórica en este departamento”. En lo que respecta a la estrategia para enfrentar el fallo, se establecieron 4 puntos: se reitera que el fallo no es aplicable sin un tratado; se consolida el archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral; se avanza en la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower; y, se pone freno a las ambiciones expansionistas de Nicaragua. Adicional a esos 4 puntos el Gobierno se reservó el derecho de hacer uso de los recursos que existen ante la Corte Internacional de Justicia y de tomar otras acciones. La Corte Constitucional se pronunció a comienzos de mayo de 2014, coincidiendo en la inaplicabilidad del fallo hasta tanto no se haga un tratado. Sin embargo, los magistrados de la Corte Constitucional que se abstuvieron de votar en esa dirección lo hicieron considerando que lo que se está haciendo con esa medida es dilatar en el tiempo algo que es de inevitable cumplimiento.

 ¿Cuál es la percepción desde Nicaragua?

¿Qué opina la ciudadanía nicaragüense? ¿Cuál es la percepción sobre estos hechos que involucran a Colombia y a Nicaragua? ¿Se habla allí de las pretensiones expansionistas del gobierno de Nicaragua? ¿Qué dicen gobierno y ciudadanos frente a las decisiones tomadas en Colombia? Roberto Cajina*, precisó que: en general, el fallo de la CIJ de noviembre de 2012 fue recibido con “regocijo”, como una reivindicación histórica; sin embargo, no ha despertado mayores sentimientos de nacionalismo a ultranza. Eso sí, la clase política “cerró filas”, alrededor del fallo, no del gobierno de Ortega. Es decir, nadie va a quedar como un “traidor” o “vendepatria”.

En cuanto al papel de los medios de comunicación, colocaron este hecho en perspectiva, entiéndase el fallo como el triunfo de un proceso que él (Ortega) no inició, pero del que recogió sus frutos; además, proyectan sin mucha parafernalia la testarudez del presidente Santos al no querer acatar el fallo del Tribunal al que se sometió. No obstante, ha sido poco el análisis sobre la denuncia colombiana del Pacto de Bogotá, de la reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia y de la decisión del presidente Santos de pretender cumplir un fallo de ineludible cumplimiento mediante un tratado. Algunos medios han escrito o  reproducido entrevistas, artículos, reportajes periodísticos de políticos, abogados y académicos colombianos, publicados en medios colombianos, que llaman al gobierno de Santos a cumplir el fallo. 

Es evidente que Ortega ha utilizado, con alguna sutileza, el fallo de la CIJ como un “triunfo” de su administración y también, aunque sin evidenciarlo, como “distractor para cohesionar y distraer de la situación interna” con un gobierno extranjero que no cumple la ley internacional, como el del presidente Santos, pero no llevado al punto de considerarlo un “enemigo externo”. Sobre las “pretensiones expansionistas” que se alegan desde Colombia y otros países, en Nicaragua se considera que el “expansionismo” es colombiano, aunque sin estridencia, y algunos lo ligan a un asunto de campaña electoral. Los ciudadanos nicaragüenses que, obviamente, no conocen en profundidad el asunto, han celebrado el fallo y critican la decisión de Colombia de no acatarlo, pero sin argumentos. El gobierno, y esto es absolutamente inusual en Ortega, ha guardado una compostura envidiablemente sensata, prudente y conciliadora que ya quisiéramos tener en los asuntos internos del país, puntualizó Cajina.

*Roberto Cajina es Consultor Civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática, miembro de la Junta Directiva de RESDAL.

Por Clara Riveros, Análisis Político en América Latina

Mayo, 2014

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