Democracia y desafíos para la izquierda colombiana

Es deseable que la Constitución no se vea modificada sobre la marcha, otra vez, en beneficio de Mesías nuevos o reciclados…Colombia retoma el buen camino en términos institucionales y se aleja de la ruta trazada por los países del ALBA. 

Uribe Chavez Correa

 

La izquierda en Colombia quiere gobernar. Su papel en términos de control político ha sido notable para develar los excesos de los gobiernos recientes pero no puede decirse lo mismo de su capacidad de gestión. Bogotá es el ejemplo más visible. Tras sucesivas administraciones, los asuntos urgentes siguen sin resolverse. Hay, en cambio, graves retrocesos.

¿Tiene la izquierda la madurez suficiente, un proyecto viable, incluyente y democrático, más allá de alcanzar el poder por vía electoral? Algunos de sus exponentes admiten coexistir en un sistema capitalista, tienen un ideario de izquierda moderada, moderna, realmente progresista. Otras voces, las más extremas y que suenan con más fuerza, hablan de Colombia casi como un modelo dictatorial.

¿En relación a qué o frente a quién se compara a Colombia? Ese sería un punto de partida para tratar de explicar la dimensión de la evolución democrática del paísLa izquierda no hace un esfuerzo por reconocer que la institucionalidad colombiana evitó procesos de mayor degradación como los acaecidos en casi toda América Latina durante la década de 1.970. ¿Hacia dónde mirar? ¿Ver el pasado de Centroamérica, del Cono Sur, del Ecuador de Velasco Ibarra? ¿Tal vez, el espejo al que mirar sea el Ecuador de Rafael Correa con su democracia de asfalto, no por lo sólida sino por sus carreteras? En todo caso, modernización no es lo mismo que modernidad.

Se observan en la actualidad regímenes –de izquierda- que se presentan como gobiernos progresistas. Estos generan grandes dudas y retrocesos para la democracia pero la izquierda colombiana promete emularlos. Se trata de llegar al mismo puerto, destruir para crear, refundar la patria y reescribir la historia, con la pretensión de que amplios sectores de la sociedad entren en sintonía con el cambio radical que se propone, empezando por el modelo económico.

Un año atrás, en plena contienda electoral, el escritor William Ospina señaló que el mal menor para Colombia era Óscar Iván Zuluaga, el candidato respaldado por el expresidente Álvaro Uribe. Su razón fue simple y básica: el uribismo es responsable de las desgracias de Colombia en las décadas recientes, pero el santismo lo es de todo lo abominable que ocurrió en el país durante el último siglo.

Hubo sorprendidos con el argumento del declarado simpatizante de los líderes populistas de la región. Sin embargo, es desde ahí que puede entenderse su planteamiento. Zuluaga era menos malo por no ser parte de esa élite tradicional que ha gobernado el país y de la que proviene Santos.

Otros representantes e intelectuales de izquierda señalaron que Santos era el mal menor frente al eventual retorno del uribismo, así que le otorgaron su respaldo pese a las diferencias existentes. Para ellos la reelección de Santos era instrumental, un medio para llegar a un fin: desmovilizar a las guerrillas y allanar el camino para el ascenso de la izquierda al poder. Para otros líderes era inadmisible apoyar a Santos o a Zuluaga y optaron por la abstención.

Santos se impuso en la segunda vuelta y la negociación con las FARC continuó. No obstante, las conversaciones no avanzan al ritmo esperado y 2015 ha traído altibajos al proceso. Los sucesos recientes, las bajas en la guerrilla y en las Fuerzas Militares, así como el fin de la tregua unilateral de las FARC, ayudan al clima de tensión. Las partes, conscientes de lo avanzado hasta ahora y de los altísimos riesgos y costos de abandonar, permanecen en la mesa. Siguen dándole vuelta al tema de la justicia. Las dudas y el escepticismo están lejos de desvanecerse. La situación parece agravarse con la politización de la justicia y el papel desempeñado por el Fiscal y el Procurador que utilizan las instituciones como trampolín para posibles candidaturas presidenciales. Los colombianos desconfían de la genuina voluntad de paz de las FARC y sus reservas son válidas.

Las FARC se comportan como si tuvieran la partida ganada, desafían la tolerancia de la ciudadanía creyendo que gozan de amplio favor y nada está tan alejado de la realidad como esa idea. También reniegan de los medios de comunicación por informar de sus actividades de narcotráfico y negocios con los carteles de México, se consideran estigmatizadas y víctimas de “la artillería mediática del Bloque de Poder Dominante en Colombia”. De la Revista Semana llegaron a decir que es un medio “fascista” y “nocivo”. ¿Exigen el ocultamiento informativo en nombre de la paz? Sin libertad de prensa no hay democracia, parece obvio pero algunos todavía no lo asimilan. El discurso en contra de los medios no es nuevo, fue instalado por los presidentes de la región para promover leyes de medios que se han convertido en mordazas para el periodismo crítico, llevando al cierre de medios, a la persecución, al silenciamiento de voces y a la instalación de potentes maquinarias de propaganda pagadas con recursos públicos. 

Pretender fijar la línea editorial de los medios de comunicación es un exabrupto. La credibilidad que demanda el proceso de paz precisa de mucho más que noticias y columnas de opinión enalteciendo a la subversión. No es a partir de la negación y el ocultamiento de los hechos que los colombianos cambiarán su percepción sobre la guerrilla y que tranquilizarán sus temores sobre el futuro del país. La posición extrema de las FARC, así como las descalificaciones constantes de sectores de la izquierda a los medios poco ayudan. En cambio, sí generan mucha inquietud respecto a cómo será un proceso de “democratización” de la información en Colombia y en qué se convertirá el sistema de medios en un escenario de postconflicto.

La izquierda tiene una tarea de gran envergadura y se juega su futuro político. Debe entender que el mundo cambió, demostrar que puede gobernar de manera eficiente y que quiere supeditarse a las reglas de juego, principalmente ahora que se busca restablecer el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que fue alterado por el gobierno Uribe en acciones sumamente turbias e ilegales.

Transcurridos ocho debates que se iniciaron en 2014, con amplia mayoría en la Cámara de Representantes, se logró eliminar la reelección presidencial. “No podrá ser elegido Presidente el ciudadano que a cualquier título hubiese ejercido la Presidencia”. Esa figura solo podrá revivirse mediante una constituyente o un referendo. Como era de esperar, solo se opuso el movimiento uribista Centro Democrático. Hubo incluso quien pujó, sin éxito, para incluir que “otros ex presidentes, contando a Uribe, pudieran volverse a lanzar más adelante, de cara a las elecciones de 2018″. Es deseable que la Constitución no se vea modificada sobre la marcha, otra vez, en beneficio de Mesías nuevos o reciclados.

En todo caso, con la eliminación de la reelección presidencial, Colombia retoma el buen camino en términos institucionales y se aleja de la ruta trazada por los países del ALBA. La izquierda colombiana tiene la oportunidad de mostrar su convicción democrática y desmarcarse, al fin, de esos modelos, de ello dependerá su viabilidad como alternativa para gobernar.

Por Clara RIVEROSpara SudAméricaHoy

Junio 6, 2015

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