Cuánto importa una reforma constitucional

Los blancos resolvieron esperar y ver qué pasa. Varios constitucionalistas, incluso alguno frenteamplista, creen que no hay urgentes motivos para reformar la Constitución. Sin embargo la idea sigue dando vueltas como si alguien quisiera forzarla e incluirla dentro de una agenda que obligue al resto.

La tesis manejada esta semana por el Directorio del Partido Nacional es que la reforma es tan solo una gran cortina de humo para eludir temas más graves y preocupantes. El Directorio entiende que al no haber una propuesta formal, no hace falta pronunciarse al respecto. “Solo son ideas que han sugerido algunos grupos, algunas contradictorias entre sí,” y propuestas para “esconder los temas urticantes”, dicen.

Tienen razón los directores nacionalistas en pensar que en forma no orgánica se saca este tema para disimular otros. La decisión de la Suprema Corte de Justicia respecto al procesamiento de Fernando Calloia es una señal grave. Las idas y venidas respecto a si invertir (¿tal vez gastar?) en Antel Arena también resultan desconcertantes. La información sobre problemas serios en la administración de empresas públicas estos años es otro factor. Basta ver la suba de combustibles en medio de una incesante baja del precio del petróleo. Al engrosarse esta lista, ¿qué mejor que lanzar al ruedo un tema que distraiga la atención?

Sin embargo, sería insensato no estar en estado de alerta. La idea de reformar la Constitución ronda hace tiempo en filas frentistas y vez a vez se le agregan cosas nuevas a modificar.

Por un lado, están los que pretenden cambiar el calendario electoral. Hay una sucesión de elecciones en poco menos de un año que generan un cierto “cansancio cívico”. Pero luego no las hay por cinco años, a diferencia de otros países que tienen elecciones nacionales, municipales y renovación parcial de sus parlamentos, todas intercaladas un año tras otro.

No tiene sentido reunificar la elección nacional con la municipal, aún si se admitiera el voto cruzado. Unificarlas implicaría anular la discusión sobre temas regionales. Debe haber un momento en que el único asunto que importa es la comarca. Que la gente pueda discutir esas “pequeñas cosas para el mundo, pero grandes para mí” (diría Elías Regules) sin estar atada a las cuestiones nacionales.

Internas debe haber, para que cada partido presente su candidato único. Guste o no, hay que realizarlas. Y la segunda vuelta o balotaje importa por cuanto le garantiza una genuina mayoría a quien será presidente. También obliga al electorado a definirse. Antes, ganaba un presidente pero nadie decía haberlo votado, nadie se hacía cargo. Es verdad que hay situaciones que obligan a una segunda vuelta cuando no parece necesario. Quizás haya que ajustar los porcentajes o determinar que si uno de los contendientes obtiene la mayoría parlamentaria, no es necesario ir a la segunda vuelta. Pero no más que eso.

En consecuencia, no parecen ser estos los motivos para reformar la Constitución.

Hace un tiempo empezó a crecer en la retórica del Frente Amplio el tema de la propiedad privada. Al ser manejado con liviandad y demagogia, no surgen resistencias fuertes. La propiedad privada parecería ser solo asunto de los ambiciosos y perversos capitalistas, como si el común de la gente no tuviera nada propio. Sin embargo, el derecho a la propiedad siempre fue incluido en la lista de los derechos y libertades básicas de toda constitución. La propiedad es un derecho que pertenece a todos. Es verdad, sí, algunos son grandes propietarios y con sus inversiones, sus fábricas, sus campos y sus comercios generan la riqueza y la producción que da empleo, genera calidad de vida y potencia la capacidad de cada uno de decidir qué hacer con su vida, sin tutores que desde el Estado todo lo vigilan.

En los países desarrollados, donde la gente vive en mejores condiciones, el concepto de propiedad a nivel popular está inmensamente arraigado. Desde un pequeño comercio, un quiosco, una chacra, pasando por la casa propia y algún vehículo, hasta cosas aún más pequeñas; esas pequeñas “posesiones” son las que garantizan nuestra autonomía y libertad. Cuando nadie es dueño, nadie se hace cargo y todos terminan sometidos a un propietario final: el Estado, el acechante hermano mayor que todo lo posee y lo determina. Por lo tanto, no es un concepto a ser banalizado y subestimado. Importa porque se conecta a otros derechos y benefician al conjunto.

Hay razones de fuerza mayor que obligan a un gobierno a disponer de la propiedad de alguien para hacer una obra u ofrecer un servicio. Esas situaciones están previstas en cualquier constitución, la uruguaya incluida, donde se regulan los procedimientos para expropiar, las indemnizaciones que corresponden y las garantías para el propietario si entiende que hay una violación de derechos.

Tampoco acá hace falta innovar nada. Lo que se percibe es retórica, cierta bravuconada seudoizquierdista sobre un asunto que la historia laudó con creces. Allá donde se eliminó la propiedad, el resultado fue una catástrofe y afectó la vida, no de los grandes terratenientes sino la de los más humildes y postergados.

Queda entonces el tercer punto que parece afectar a los reformistas del Frente Amplio: la Justicia.

Meterse con la Justicia es asunto delicado, más en un momento en que del otro lado del río hay un feroz asedio del Poder Ejecutivo contra el Judicial, para doblegarlo y ponerlo al servicio de algunos funcionarios temerosos.

El Poder Judicial es la garantía de los derechos y libertades de cada persona, más allá de si ello gusta a las mayorías circunstanciales o si beneficia a gente cuya historia y forma de pensar no sean del agrado del resto.

El funcionamiento del Poder Judicial uruguayo, comparado con el de otros lugares, es claro y sencillo. No es perfecto en la medida que nada lo es. Por momentos su lentitud es exasperante y, como es natural, no todos sus fallos se reciben de igual manera. Pero hay un innegable grado de independencia.

Tampoco es necesario crear un Tribunal Constitucional, como proponen algunos frentistas. Por esencia y definición, esa tarea la cumple la Suprema Corte de Justicia. Y lo hace bien. Sus fallos suelen enojar al gobierno de turno, cualquiera sea, cuando alguna ley no se atiene al texto constitucional. Pero así son las cosas.

La propuesta del Partido Independiente de unificar la actual Suprema Corte con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, estableciendo dentro de ella salas por materia, es buena. Diferencia las áreas pero define bien quiénes son los titulares del Poder Judicial en un único cuerpo. ¿Pero vale la pena en este momento encarar ese cambio?

Se están recordando los 800 años de la Magna Carta, el histórico texto que fue embrión del constitucionalismo moderno. Aquella declaración de derechos básicos, aunque parciales, acotados y limitados según una óptica contemporánea, insinuó el camino hacia constituciones que diseñan las formas de gobierno con el único objetivo de salvaguardar las libertades y derechos inherentes a las personas.

La Constitución no está al servicio de los intereses de un partido, un gobierno o un parlamento. Su función es recordar a quienes gobiernan que nadie tiene el poder, sino tan solo el mandato de administrar un país, respetando un breve pero contundente listado de derechos que están por encima de las arbitrariedades de las mayorías o de un presunto “interés general”.

 

Por Tomás Linn

AÑO 2015 Nº 1825 – MONTEVIDEO, 23 AL 29 DE JULIO. SEMANARIO BÚSQUEDA

Dejar un comentario