Con sus crónicos problemas de siempre

Las autoridades de Ancap anunciaron que dicha empresa continuará teniendo déficit por un tiempo más. El agua que bebe la población en diferentes lugares del país está contaminada y no siempre es potable. La empresa telefónica, embarcada en la multimillonaria construcción de un lugar para realizar megaespectáculos, debió frenar sus gastos ante un panorama poco favorable.

¡Vaya que las empresas públicas están dando que hablar! Reaparecen en la agenda con todos sus viejos y crónicos problemas.

Mientras tanto, el presidente Tabaré Vázquez pide prudencia en los gastos, pero por otro lado quiere que dichas empresas vuelquen más dinero al Estado.

Algo está pasando y los años de bonanza ayudaron a que muchos estuvieran distraídos, sin prestar atención a los costos de estas disfunciones. Es ahora, cuando el horizonte económico propio y regional no se presenta tan claro, que (al decir del senador Pablo Mieres) a las empresas públicas “se les acabó la fiesta”.

Ahí es cuando mucha gente percibe que los viejos problemas en realidad nunca desaparecieron. Pero como hay temas tabú, de esos que nadie quiere mencionar, y los años 90 son parte de ese tabú, con ellos también se acalló la necesaria discusión sobre qué hacer con el Estado. Es que los problemas de las empresas públicas estaban antes de los 90, durante los 90 y después.

Pese a que se intentó derogar vía consulta popular la ley del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico en 1997, esta se mantuvo.

Gracias a ello es que los gobiernos del Frente Amplio desplegaron su estrategia para lograr una generación de energía diversa y amplia. Pero hasta ahí llegan los méritos.

Otra consulta terminó por marcar responsabilidades delimitadas e intransferibles. Al resolverse también por voto popular, en 2004, que el único distribuidor de los servicios de agua potable y de saneamiento fuera el Estado, los actuales problemas de agua contaminada son de exclusivo dominio de la OSE. Es verdad que el problema empieza por una falta de control sobre cómo preparar los terrenos para el agro, pero al final la cadena de recoger, potabilizar y distribuir agua, recae en el ente estatal correspondiente, uno que tiene una larga historia de desidia.

También es preocupante la situación de la empresa pública que importa y refina petróleo. Ancap no es una empresa petrolera clásica, de las que extraen petróleo para comercializar por el mundo entero. Tan solo lo importa monopólicamente desde el exterior, lo refina y luego lo distribuye a estaciones de servicios que sí son privadas y numerosas. Pero en el fondo ellas no compiten entre sí. Todas venden la misma nafta y al mismo precio.

En 2013, Ancap tuvo un déficit de 169 millones de dólares. Su actual presidente, José Coya, ya anunció que los cálculos para 2014 indican un déficit aún mayor.

Se trata de una situación desconcertante. Todo lo que debe hacer Ancap es buscar los mejores proveedores, traer el producto a Uruguay, refinarlo en La Teja y distribuirlo. Podrá decirse que el procedimiento es costoso e ineficiente, pero al final es Ancap la que fija el precio único para los combustibles. Si realmente es ineficaz, la nafta será más cara. Si no lo es, será más barata. Pero siendo un monopolio y genuino dueño del negocio, no hay manera de que dé pérdida.

Lo paradójico es que a nivel mundial el precio del petróleo ha estado bajando en estos dos años. Por lo tanto es razonable especular con una baja del precio de todos sus derivados en la plaza local. Ello sería ventajoso para el transporte de pasajeros y de carga y para el comercio, el agro y la industria. Sin embargo, no está ocurriendo.

Es que con dos años de déficit sostenido, bajar esos precios sería aumentar el drenaje. Para colmo, el presidente de la República insiste en reclamar que esas empresas vuelquen recursos a Rentas Generales. Ganen o pierdan, la Administración Central quiere su parte.

Reclamos como los de Vázquez no podrían ocurrir en una empresa privada. Si no da ganancia, sus accionistas no cobran dividendos. Las ganancias solo se reparten cuando las hay. Si no, no.

Es más: cuando una empresa no reduce su déficit debe recurrir a medidas extremas como la de bajar costos operativos, reducir sueldos y eventualmente personal. Si aun así tiene problemas, cierra. La inamovilidad del funcionario estatal hace que esto sea impensable en estos entes públicos.

Tampoco en Antel la situación es fácil. Lo llamativo es que como empresa estatal ha invertido mucho en infraestructura vistosa.

En un pasado no tan lejano se hizo levantar una estupenda sede para sí misma. Por cierto, la torre de Antel cambió el paisaje urbano y embelleció la bahía, además de introducir nuevas tencologías para la construcción. Pero fue una inversión para su propio beneficio.

Si bien controvertida por diversas razones, el gasto en la extensión de la fibra óptica estuvo pensado en mejorar un servicio a la población. ¿Pero corresponde la costosa construcción de un imponente estadio cerrado para realizar grandes espectáculos? El proyecto de Antel Arena es muy cuestionado, ya que las empresas públicas no deben invertir, por ley, en actividades que no sean de su rubro específico. Un gran estadio nada tiene que ver con las telecomunicaciones.

Sin embargo, Antel insiste y en lugar de poner a nuevo el viejo Cilindro (la emblemática obra genial del “no ingeniero” Leonel Viera) optó por demolerla en un ritual que convocó a muchos militantes a seguirlo con increíble deleite. Tirar abajo el Cilindro estaba bien, tirar abajo un galpón con una cúpula más bien feúcha (el local de Assimakos), pero que era un símbolo en el barrio, estaba mal.

Las cuentas de Antel, sin embargo, empezaron a complicarse, según informó Búsqueda en su edición del 14 de mayo. De acuerdo a la información difundida por el semanario, “una situación financiera más desfavorable que en los últimos años” llevó a recortar gastos e inversiones, pese a lo cual hubo una transferencia de 18 millones de dólares a Rentas Generales. El accionista igual quiere llevarse su parte.

Sí, la fiesta terminó. Lo que queda en evidencia es que hoy, como antes y como siempre, las empresas públicas y monopólicas siguen siendo un problema. Los gobernantes se sirven de ellas, los usuarios pagan cada vez más por sus servicios y los sindicatos, en su cerrada defensa por cada puesto de trabajo (y las prebendas que vienen con esos puestos) quieren convencer al país de que ellas “son nuestras”.

Con el fin de fiesta debe terminar el tabú. Se hace prioritario hablar sin tapujos de estas empresas. Y hablar mal de ellas, si eso llega a ser necesario.

Por Tomás Linn

AÑO 2015 Nº 1818 – MONTEVIDEO, 4 AL 10 DE JUNIO. SEMANARIO BÚSQUEDA

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