Brasil, frente a la rigidez del presidencialismo

La situación política que atraviesa Brasil permite, una vez más, apreciar la dificultad que tiene nuestro sistema institucional presidencialista para metabolizarla sus crisis.

La rigidez del presidencialismo impide que sea el propio sistema el que resuelva, de un modo no traumático, el  enorme desgaste acumulado por el Poder Ejecutivo. El uso de la calle para dirimir las diferencias políticas, es la prueba evidente del fracaso del sistema institucional.

Hace  unos días, cientos de miles de ciudadanos brasileños salieron a la calle en más de 200 ciudades para reclamar el cese de la presidenta e Brasil, Dilma Rousseff. Con posterioridad, los partidarios del Partido de los Trabajadores (PT) en el Gobierno anunciaron nuevas manifestaciones, ésta vez en apoyo a la presidenta. La Central Única de Trabajadores, vinculada al PT, intentaba con esta convocatoria contrarrestar las tumultuosas protestas contra el Gobierno.

El sistema institucional presidencialista contempla como único modo de remoción del presidente el juicio político o impeachment. Pero para poder dar inicio al procedimiento, en Brasil, hace falta reunir los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados, una mayoría calificada difícil de conseguir. Frente a esta rigidez del sistema institucional, es comprensible que los ciudadanos quieran forzar en la calle la solución de la crisis institucional.

Los sectores empresarios del Brasil, debido al temor de que la crisis política complique aún más la difícil coyuntura económica, han salido a respaldar a la presidenta. “Un juicio político es un asunto traumático que afecta a los sectores políticos y empresariales en un momento en que Brasil lucha por recuperar su credibilidad en el extranjero” ha afirmado Alencar Burti, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sao Paulo.  El New York Time, en un editorial, también se pronunció en contra de “forzar a Dilma Rousseff a dejar el cargo sin ninguna evidencia concreta de irregularidad”.

Pero lo cierto es que la existencia de evidencias fehacientes de graves actos de corrupción en las empresas vinculadas al Estado, como Petrobrás, que involucran a altos dirigentes del PT, no es un hecho menor. La acusación de los opositores de que el partido en el poder se benefició de donaciones ilegales en su campaña electoral y de que se han falseado las cuentas públicas, restan legitimidad al Gobierno. Por consiguiente, no se puede ocultar una crisis cuando 2 de cada 3 brasileños están a favor de la destitución de la presidenta.

Brasil ya ha vivido la experiencia de destituir a un presidente. En el año 1992  fue destituido el presidente Fernando Collor de Mello, luego que se probara que mantenía una red de empresas y cuentas bancarias en el exterior con el financiero P.C. Farías, que había sido tesorero de la campaña presidencial. En agosto de ese año, una impresionante movilización ciudadana, que reclamaba el impeachment contra Collor, forzó la intervención de la clase política, que no tuvo otra alternativa que rendirse frente al resultado de encuestas de opinión que evidenciaban el abrumador deseo de destituir al presidente. La Cámara de Diputados autorizó al Senado a iniciar el juicio político cuando 441 diputados, sobre un total de 503 miembros, votaron la iniciativa que forzaba la suspensión inmediata del presidente y la asunción del vicepresidente Itamar Franco.

Meses después de la destitución de Collor de Mello, los brasileños fueron consultados sobre la conveniencia de adoptar un sistema parlamentario o continuar con el sistema presidencialista. Se inclinaron por mantener el presidencialismo un 55 % de los convocados. Según algunas opiniones, influyó en ese resultado la eficaz solución de la crisis política mediante el uso del impeachment. Una flexibilidad aparente del sistema presidencialista, puesto que sin las manifestaciones previas hubiera sido impensable una solución de ese tipo.

La enorme ventaja de los sistemas parlamentarios reside justamente en la capacidad de estos sistemas para afrontar las crisis de legitimidad que se producen en el ejercicio de la función pública. Mediante una moción de censura, aprobada por una simple mayoría de diputados, es posible provocar el cese del Primer Ministro. De este modo, en estos sistemas, no basta la legitimidad de origen brindada por el resultado electoral, sino que debe ser convalidada por una legitimidad en el ejercicio posterior del poder.

Esta sola circunstancia, la existencia de una suerte de espada de Damocles pendiente sobre la cabeza del Primer Ministro, elimina toda muestra de soberbia en el ejecutivo parlamentario. Las muestras de arrogancia, jactancia y petulancia monárquica que han signado el gobierno presidencialista de Cristina Fernández de Kirchner, serían impensables en un sistema parlamentario, donde impera un mayor respeto por la opinión de los ciudadanos.

La rigidez del sistema presidencialista, que otorga enormes poderes al presidente electo por el período de mandato, facilita el uso personalista del poder. El presidente se considera investido de una legitimidad que le permite un ejercicio ilimitado de sus facultades. La amenaza del impeachment –mientras conserve un tercio de diputados leales- es tan distante que no ejerce ningún rol disuasivo.

Como señalaba Einstein, mientras no cambiemos no esperemos resultados diferentes. Nuestros sistemas presidencialistas en América Latina seguirán dando como resultado gobiernos de poderes ilimitados porque el propio sistema institucional funciona como incentivo de esas conductas. Las instituciones son herramientas útiles como los cuchillos: facilitan nuestras tareas diarias pero también pueden favorecer el crimen.

Aleardo Laría, Socio del CPA.

notiar.com.ar, 21-8-15

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